Una organización criminal que operaba desde el Residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, y a la que se le atribuye, al menos, seis asesinatos, fue desarticulada esta mañana por las autoridades federales, luego que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) diligenciara 52 órdenes de arresto contra miembros de la ganga.

De esas órdenes, 45 se llevaron a cabo este martes y unos seis de ellos ya están encarcelados, entre ellos, el líder del grupo, Juan Sepúlveda González.

‘Esta organización tenía varios puntos de drogas operando simultáneamente en los residenciales Monte Hatillo, San Martín, Jardines de Berdwin y El Polvorín. La ganga tenía vigilantes armados a todas horas y estaban ubicados en cinco puntos de observación localizados estratégicamente en las torres 1 al 5 en Monte Hatillo. Los vigilantes armados se establecían en los techos de los edificios para así tener ventaja y proteger, de la Policía y rivales, los puntos de distribución de droga’, indicó la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez en rueda de prensa.

Según el pliego acusatorio, que incluye 72 personas, a los sujetos se le acusa de conspirar, desde el 2007, para poseer y distribuir sustancias controladas como ‘crack, heroína, cocaína, marihuana, Percocet y Xanax.

Como una estrategia especial de mercadeo, los líderes de la organización regalaban muestras de las drogas a los clientes para que probaran su calidad y las promocionaran.

‘Eso es como si uno estuviera en Plaza las Américas y le están dando muestras de jabón, líquido de fregar. Es como los sabores de mantecados, cuando hay un sabor nuevo, pues… Cada día están más creativos los narcotraficantes, pero eran técnicas de mercadeo que le funcionaban’, subrayó la funcionaria federal en la sede de la fiscalía en Hato Rey.

Los miembros de la ganga, según la acusación, tenían acceso a vehículos, incluyendo motoras y ‘scooters’ para tansportar narcóticos, dinero y armas de fuego. También, utilizaban esos medios para hacer ‘drive by shootings’ (tiros de carro a carro) y atacar miembros de otras organizaciones enemigas.

‘Los líderes, en ocasiones, ordenaban castigos desde prisión a los miembros de la ganga cuando sospechaban que proveían información a las autoridades. Los 72 acusados enfrentan una alegación de confiscación de $15 millones y enfrentan un mínimo de 10 años hasta vida en prisión’, agregó Rodríguez.

Pese a la forma de operar de la ganga y ante preguntas de la prensa, el director de Seguridad de la Administración de Vivienda Pública, Edwin Sólivan González, aseguró que la dependencia gubernamental tiene el control de los complejos de vivienda pública.

‘Entendemos que tenemos el control y estamos trabajando con las autoridades en conjunto. Los operativos se están llevando acabo y están dando resultados porque en años anteriores había más descontrol’, apuntó el funcionario quien solo lleva siete meses en el cargo.

*Esta nota se publicó originalmente a las 5:59 a.m.*