La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) llamó la atención sobre la Policía Municipal de Guaynabo luego de que la ley 45 del 20 de mayo de 1996 concediera a la uniformada la misma facultad de la que gozan los agentes de la Policía Estatal, tomando en cuenta las prácticas policiales altamente cuestionables en las que ha incurrido, por lo que solicitaron al Departamento de Justicia local y federal investigar los hechos.

‘Hemos visto cómo a jóvenes desarmados se le troncha la vida, por impulso de un oficial de la policía municipal con serias deficiencias en su conocimiento de desempeño policial constitucional o con craso menosprecio por el bienestar y vida de la ciudadanía’, rezó el comunicado de la ACLU, al reseñar el caso más reciente del joven Carlos Sandoval de Jesús, de 24 años de edad, a quien se le disparó por lo menos cinco veces, siendo impactado por cuatro en el rostro y el costado.

De inmediato, el Comisionado de Seguridad de la Policía de Guaynabo se apresuró a adjudicar que el oficial se defendía de este joven desarmado, residente del sector, quien alegadamente ‘lo atropelló’.

Otros caso reseñado fue el de un joven motociclista, quien murió por un disparo de la policía, así como los disparos descontrolados contra una anciana en el estacionamiento de centro comercial, y las acusaciones por fraude electoral en que alegadamente participaron oficiales de la uniformada.

La ACLU pidió que al Secretario de Justicia, César Miranda, así como de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, que investigue a la Policía de Guaynabo por su patrón y práctica reiterada de violaciones de derechos civiles, con miras a una reforma de dicho cuerpo.