Ponce – El reclamo fue unánime. Que se devuelva el dinero cobrado y se cancele el contrato para fotomultas en Ponce y Yauco, exigieron por separado Arturo Picó Valls, Justiniano Díaz Maldonado y Luis Irizarry Pabón.

El trío de emisarios políticos reaccionó así a la ponencia escrita del secretario de Justicia Cesar Miranda y a las declaraciones del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Miguel Torres, quienes el pasado 2 de octubre confirmaron ante una comisión cameral la improcedencia de las fotomultas municipales.

En esencia, porque su implementación no contó con el aval del DTOP, como requiere la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Con el testimonio de ambos se reafirma la información publicada por La Perla del Sur el pasado 17 de septiembre, en la cual el representante Nelson Torres Yordán califica las fotomultas municipales como ‘contrarias a la ley’.

Canceladas y reembolsadas

‘Ese dinero se debe devolver inmediatamente al ciudadano’, sentenció el exadministrador de la ciudad Arturo Picó Valls. ‘Si es ilegal en octubre de 2014, también lo fue en enero, febrero y los meses subsiguientes’.

‘La administración municipal no tenía la autoridad en ley para poder emitir la multa. Ese dinero fue cobrado por el Gobierno Municipal de forma ilegal y tiene que devolverlo’, continuó.

Asimismo, el también abogado y contador público autorizado advirtió que cualquier intento por ajustar el proyecto para ubicarlo ‘en ley’ no puede tener un efecto retroactivo sobre las multas ya emitidas, por lo que las mismas deben ser canceladas y reembolsadas.

‘Aquí se invirtió tiempo y dinero para llevar un proceso que a la larga, como no se hizo bien desde el principio, se perdió por falta de visión, falta de planificación y falta de asesoramiento legal’, denunció.

‘Desde el principio se llamó la atención, que el sistema de fotomultas a nivel municipal no tenía el visto bueno del Estado y el tiempo le dio la razón a todos los que levantaron la mano e hicieron el planteamiento público de que este proceso no era el correcto’, añadió.

Con serias interrogantes

‘Hay que reclamar ese dinero. Fue retenido ilegalmente’, sostuvo por su parte el legislador municipal de minoría en Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Justiniano Díaz Maldonado.

‘Exhorto a los ciudadanos que han sido víctimas de estas fotomultas que reclamen el dinero al Municipio, que es quien implementó el sistema’, indicó.

Además, Díaz Maldonado criticó el que se recurriera a empleados públicos -en este caso agentes de la Policía Municipal- para generarle ingresos a la empresa privada que instaló las cámaras.

Igualmente, cuestionó que la Uniformada facilitara información privada de los conductores, incluyendo sus direcciones postales, a la empresa que envía los boletos desde el estado de la Florida.

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