La sala de conferencias de Fiscalía Federal se llenó el viernes de una decena de agentes estatales y federales, quienes anunciaron la acusación contra nueve reos puertorriqueños por el primer asesinato de un agente federal en Puerto Rico, el teniente Osvaldo Albarati Casaña, quien lideraba una investigación del contrabando carcelario al momento de su muerte, en 2013.

El cabecilla del grupo, OscarMartínez Hernández, conocido como ‘Cali’, lideraba la organización de narcotráfico en La Perla, pero residía en Venezuela desde 2001, donde finalmente fue arrestado once años más tarde. Fue sentenciado ​auna condena de 25 años en el Centro de Detención Metropolitano, una semana después del asesinato al teniente. Según el pliego acusatorio, Martínez Hernández solicitó y financió el plan para matar al teniente AlbaratiCasaña, junto a los acusados Ángel ‘Api’ Ramos Cruz y Miguel ‘Bolo’ Díaz Rivera, quienes también estaban presos, previo al asesinato del 26 de febrero de 2013.

‘Al teniente Albarati lo mataron simplemente por hacer su trabajo’, comentó el jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Carlos Caces, al indicar que el teniente era un apasionado de su trabajo, quien tenía mucho éxito detectando y confiscando contrabando, incluyendo teléfonos celulares, drogas y armas. ‘Esto enfureció tanto a los acusados que decidieron hacer que lo mataran’, resaltó.

Ramos Cruz pertenecía a la Organización Narcotraficantes Unidos (ONU), cuyos 32 directivos y sicarios fueron acusados por varios asesinatos y tiroteo a policías, luego de que tumbaran un helicóptero de la Policía Municipal de San Juan en 2010. Mientras que DíazRivera, de Ponce, también fue acusado por narcotráfico, en 2005.

Desde el interior de la cárcel federal enGuaynabo, estos tres hombres contrataron a otros seis individuos para que asesinaran al teniente Albarati, con la finalidad de tener la vía libre para continuar entrando armas, drogas y celulares a las celdas. Juan ‘Manco’ Quiñones Meléndez y Orlando’Yogui’Mojica Rodríguez proveyeronun vehículo, cuatro armas automáticasGlock .40 y un teléfono celular a los otros acusados: Jayson ‘Gonzo’ Rodríguez González, Carlos ‘Cano’ Rosado Rosado y Alexander’Coquí’ Rosario de León. Jancarlos’Jan’Velázquez Vázquez sirvió de chofer y participó de la conspiración. Todos enfrentan seis cargos relacionados a la conspiración y al asesinato por encargo de un empleado federal.

Pese a que estos seis individuos participaron del esquema desde la libre comunidad, al momento de la acusación por el asesinato del agente federal, todos estaban presos por otros delitos de posesión de armas y narcotráfico.

Los investigadores habían estado recibiendo cientos de pistas, según Caces, pero no fue hasta la noche del 21 de enero de 2014 que obtuvieron ‘el golpe de suerte que necesitaban’. En esa noche el grupo de agentes de la unidad de fugitivos se enfrascó en un tiroteo con varios fugitivos. Arrestaron a ‘Gonzo’, mientras que ‘Jan’ logró escapar.

Luego, en la noche del 10 de marzo de 2014 durante un operativo de inteligencia de la Policía de Puerto Rico, en Humacao, el oficial Joaquín Correa Ortega fue asesinado mientras estaba de servicio. Los acusados ‘Jan’ y ‘Coquí’ estuvieron presentes durante el asesinato y huyeron de la escena, pero al día siguiente, fueron arrestados por la Policía y el FBI.

Las piezas de rompecabezas continuaron cayendo, según Caces, hasta dar con las acusaciones por el asesinato de Albarati Casañas. El proceso investigativo incluyó entrevistas a participantes, declaraciones de testigos oculares, evidencia forense y nueva tecnología empleada por el FBI.En julio de 2014, ‘Cano’ también fue arrestado por cargos relacionados a drogas y armas.

Albarati Casañas llevaba trece años trabajando en el Centro de Detención Metropolitano, los últimos dos de estos como investigador.’Hace 23 meses… después de un turno difícil y largo, la vida del teniente Osvaldo Albarati le fue arrebatada de forma brutal tanto a él, como a su familia, amigos y compañeros’, recordó Caces.

La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que cuatro de los seis cargos a los que se enfrentan son elegibles a la pena de muerte. Los otros dos cargos por posesión de armas tienen un mínimo de diez años de prisión. Rodríguez no reveló si recomendará la pena de muerte, pero reconoció que la determinación final le corresponde al Secretario de Justicia Federal, Eric Holder.

Aunque no arrojaron cifras específicas del contrabando en la cárcel federal, por cuya causa murió AlbaratiCasañas, el alcaide Steve Mora aseguró que las riñas entre los presos se ha reducido considerablemente, al igual que el contrabando con las distintas iniciativas que se han implementado. Antes se confiscaban objetos ilegales diariamente, y ahora mencionó que se hacen incautaciones cada mes. ‘Se paga hasta $14,000 por un celular. Es mucho más difícil hallar uno dentro de prisión’, aseguró Mora.