La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez informó el martes que nueve individuos fueron acusados por una supuesta conspiración para solicitar prestamos fraudulentamente al Banco Popular de Puerto Rico.

Rodríguez informó en un comunicado de prensa que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación por 16 cargos contra Carlos Bauzo Vázquez, alias ‘Carlitos’; Lesville Matos Bauzo, alias ‘Billy’; Gloria Bauzo Vázquez, alias ‘Milagritos’; Enrique Pérez Díaz; Laydy Mar Feliciano Miranda; Héctor Vega Rivera, alias ‘El Gringo’; José Díaz Caraballo, alias ‘Timaná’; David González Ferrer y Rafael González Ferrer.

La acusación, que contiene cargos por fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y robo de identidad agravado, fue revelada el martes tras la detención de los acusados.

La funcionaria precisó que los cargos se derivan de un esquema perpetrado por los acusados entre julio de 2014 y abril de 2015 para proporcionar información falsa de empleo, de ingresos y de residencia al Banco Popular con el fin de recibir varios préstamos personales y líneas de crédito. El valor total del fraude fue de aproximadamente 92,600 dólares.

Rodríguez indicó que uno de los imputados llamó al servicio de Telebanco de la mencionada institución para solicitar un préstamo con el nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social de otro acusado. Durante la llamada, el individuo proveyó información falsa sobre el lugar de vivienda, trabajo e ingresos.

Entretanto, la fiscal federal detalló que una vez el préstamo fue aprobado los acusados entregaron documentos falsos al banco como evidencia de la información proporcionada por teléfono. En particular, los acusados utilizaron empresas ficticias y documentos de nómina falsificados. Los acusados cobraron los cheques del préstamo y distribuyeron el dinero en efectivo entre los miembros de la conspiración.

Señaló además, que este esquema se repitió varias veces y que al menos en una ocasión, tarjetas de crédito fueron solicitadas utilizando la misma información y documentación presentada de manera fraudulenta al banco en solicitudes de préstamos. Los imputados luego hicieron retiros en efectivo por adelantado de sucursales bancarias y cajeros automáticos (ATM).

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión por conspiración para cometer fraude bancario; a 10 años de prisión por fraude con dispositivos de acceso y una sentencia obligatoria de dos años consecutivos en la cárcel por robo de identidad agravado. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

La investigación está en curso y está a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe.