El esquema ‘masivo’, descrito así por fuentes de NotiCel, de fraude al seguro compulsorio contaba con una red de empleados, policías municipales de Cidra y personas civiles que tramitaban reclamaciones falsas.

Información obtenida por este periódico destaca que el esquema contó con la participación de los exempleados de la ASC, Wilnelia Ortega Anaya y José Pagán Rivera.

Así lo confirmó la licenciada Lorelli Navarro, de ASC, en entrevista con WKAQ, en la que añadió que los arrestos de hoy, jueves, son el resultado de un referido que hiciera la compañía a Justicia luego de una investigación interna que se realizó hace dos años.

La investigación dio pie a la ‘separación de empleo’ de Ortega Anaya y Pagán Rivera. Del mismo modo, a estas personas la Oficina de la Comisionada de Seguros (OCS) les revocó sus licencias de ajustador.

El superintendente Auxiliar en Investigaciones Criminales, Antonio López Figueroa, precisó que se diligenciaron 39 órdenes de arrestos en el municipio de Cidra tras analizar unas 616 denuncias. Se fijó una fianza de $3,714,600 millones.

El coronel añadió que la investigación de la División de Robos a Bancos de la Policía surgió luego de que la ASC detectara irregularidades en 40 reclamaciones. A estas personas se les imputa haberse apropiado mediante el esquema de fraude de unos de $160,000.

A preguntas de NotiCel, Lorelli, detalló que en estos casos la ASC logró ‘identificar similitud en el patrón de las reclamaciones, el patrón de los daños, las cantidades reclamadas, las zonas geográficas de procedencia de los reclamantes, y, además de eso utilizaban los mismos estimados y fotografías para falsificar la documentación necesaria para la reclamación’.

De otro lado, el director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel, explicó que los cabecillas del esquema eran Pablo Oyola Cotto, Luis E. Torres Díaz (padre), Luis J. Torres Díaz (hijo) y Yarixa Rodríguez García (esposa de Luis E. Torres Díaz).

El cuarteto identificaba a los civiles que someterían reclamaciones falsas a los ASC. Además, establecían contacto con los policías municipales de Cidra para obtener número de querella.

Los civiles que acudían a la oficina de Caguas de la ASC no proveían información completa en sus reclamaciones, por lo que sus casos caían directamente en manos de Ortega Anaya y Pagán Rivera, quienes aprovechándose de sus posiciones utilizaban estimados y fotos de reclamaciones legítimas para incorporarlas en los expedientes de los casos fraudulentos.

Al momento, Valcárcel evitó indicar cuánto dinero recibían estas personas en el esquema, aduciendo que era parte de la prueba que eventualmente se iba a desfilar en el tribunal.

Por su parte, Navarro no pudo decir la cantidad de personas a las que se les robó la identidad mediante este esquema.

De otro lado, Valcárcel abundó que el comisionado de la Policía Municipal de Cidra, Héctor Meléndez Bermúdez, en ese entonces se desempañaba como policía municipal, era la persona que recibía la información falsa y preparaba las querellas e informes de accidentes.

Los imputados enfrentarían cargos por apropiación ilegal, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad, perjurio y violaciones al Código de Seguros. Además, a los policías municipales se le van a radicar cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Los cargos fueron presentados por los fiscales Edwin Ortiz Rivera III y Rosa Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, Valcárcel manifestó a este diario que la investigación en la región de Caguas continúa porque fueron muchas transacciones. Este no descartó que si se detectan irregularidades en otras regiones de la ASC se amplíe la investigación.

A su vez, la licenciada Navarro, sostuvo que mantienen investigaciones abiertas sobre otras regiones de la ASC, pero no confirmó ni rechazó si eran por esquemas parecidos.