La fundación Free Juana intentará probar en los tribunales que enviar a una persona a la cárcel por consumo simple de marihuana es una medida inconstitucional.

Hasta ahora, sus argumentos se han presentado en dos foros judiciales: en Mayagüez, donde el joven Ricardo Fernández enfrenta juicio por supuestamente poseer marihuana según miembros de la Policía que encontraron una pipa vacía en su carro, y en Bayamón, donde la ciudadana Cecilia Martín del Valle podría ser recluida por poseer menos de una onza de cannabis.

En una conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados, la licenciada Shadiff Repullo, líder de Free Juana, puso en las manos de la defensa de toda persona en Puerto Rico que enfrente un proceso judicial por posesión simple de marihuana, este alegato o reto constitucionl a la Ley de Sustancias Controladas, que se basa en tres preceptos básicos de ley.

En primer lugar, sostuvo el licenciado Juan González, la pena de reclusión por mera posesión de la sustancia para consumo personal viola el derecho constitucional a la libertad y la intimidad de la persona. ‘El Estado pretende regular lo que el individuo hace en su intimidad… cuestionamos el poder que tiene el Estado de inmiscuirse [en la] autonomía personal y la soberanía del cuerpo.

En segundo lugar, continuó la licenciada Patricia Vázquez, el presente estado de ley viola el derecho de cada persona a recibir un tratamiento adecuado y un proceso de reinserción social, contradiciendo el enfoque que en teoría rigen a las instituciones penales de Puerto Rico, que se basa en la rehabilitación y no en el castigo. Por lo tanto, el sistema penal condena más en un delito que ‘no representa ningún peligro para la sociedad’, donde no hay víctimas más allá del propio usuario.

En tercer lugar, argumentó el licenciado José Rivera, existe una prohibición constitucional contra castigos crueles e inusitados. ‘El Estado tiene terminantemente prohibido legislar para crear castigos’, dijo el abogado, para quien en este caso de la posesión de la marihuana, existe una evidente desproporcionalidad de la pena.

Para sustentar su argumento, explicó que a nivel constitucional, se sugiere que la imposición de una pena cumpla con objetivos generales, tales como la protección de la sociedad, que en el caso de la marihuana no existen víctimas, coincidió, y la justicia a la víctima del delito, que en este caso es la misma persona que incumple con la ley.

A este principio de proporcionalidad se refirió la licenciada Repullo como la ley contra los castigos crueles, y explicó que ‘el Estado no puede infligir más daño del que quiere evitar’. Tres años de cárcel, prosiguió, es un ‘castigo demasiado cruel’, sumado a eso los gastos de representación legal, la confiscación de las propiedades y los daños a los familiares.

A su vez, las estadísticas han mostrado que la medida de reclusión no ha provocado reducción en el consumo de las sustancias controladas ni en la reinsidencia en las cárceles, según el licenciada Rivera. Por el contrario, al convicto luego lo persigue el estigma por el resto de su vida, lo cual perjudica su rehabilitación social y moral.

El grupo de licenciados esperan subir con sus argumentos al Tribunal Supremo para crear un precedente judicial. Este impacto en los tribunales, se une a sus esfuerzos para enmendar la Ley de Sustancias Controladas en la Legislatura y para impulsar órdenes ejecutivas a través del Gobernador, como el reglamento que está presto a regular el cultivo, distribución y consumo de la marihuana medicinal.

Precisamente este reglamento, firmado el pasado 29 de diciembre por la secretaria de Salud Ana Ríus Armendáriz, fue sujeto este lunes también de un reto constitucional, pero desde el Capitolio.

Casi una hora después de que los miembros de Free Juana anunciaran su encomienda actual, los legisladores del Partido Nuevo Progresista María Charbonier Laureano y Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez anunciaban la presentación de un interdicto ante el Tribunal de Primera Instancia para ‘evitar la implementación del Reglamento 8686’, denunciando que ‘el Departamento de Salud actuó de forma ilegal’.

En el interdicto que radicarán durante la tarde de hoy, exigen que se le impida a la Secretaría del Departamento de Salud la implantación del reglamento, ‘el cual carece de validez jurídica y su implantación equivaldría que [se] viole la doctrina de separación de poderes’.

Su argumento se basa en que tanto la Orden Ejecutiva que emitiera el gobernador Alejandro García Padilla legalizando el consumo de marihuana medicinal a base de un reglamento, así como las acciones que ha tomado la Secretaria de Salud para ejecutar la orden, ‘usurpan los poderes de la Asamblea Legislativa’ en un ‘choque directo con el poder constitucional de la Legislatura’, sostuvo Méndez Núñez. ‘Esta administración sigue gobernando por decreto… No lo vamos a permitir’, dijo.

A su vez, en una carta firmada por ambas enviada a la Secretaria de Salud el pasado 22 de enero, los representantes solicitaron que se le entregara copia de toda la evidencia científica, estudios, literatura y opiniones legales utilizadas por el Departamento de Salud para aprobar el reglamento.