El exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani y el exjefe de los fiscales Obdulio Melendez se acogieron a un ‘autosilencio’ luego de las expresiones de parte del secretario de Justicia Cesar Miranda y la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, de que supuestamente rechazó ayuda de las autoridades federales en el año 2010 y que fue en el año 2014 que la colaboración se reestableció cuando Luis Sánchez Betánces, entonces secretario de Justicia, solicitó la investigación.

‘Ante la radicación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia (DJ) contra Luis Rivera Seijo el 8 de marzo del 2016, se han hecho expresiones en los medios de comunicación contra nosotros, que son conjeturas e insinuaciones relacionadas a nuestro proceder, las cuales estamos imposibilitados de opinar o comentar en estos momentos’dijo Somoza Colombani en declaraciones escritas.

Detalló que las razones para su silencio, además de ‘la prudencia’, son: ‘respeto y deferencia a la decisión del DJ y al procesamiento criminal que se ha iniciado. Segundo, al haber estado ocupando posiciones en el DJ mientras se investigaba esos hechos, por ende al haber tenido contacto con las misma, nos llevan a la conclusión que sería impropio y anti ético emitir opiniones o comentarios. Tercero: cualquier comentario podría ser malinterpretado y/o mal utilizado para afectar el proceso criminal iniciado o para beneficio del imputado, aunque ninguna de ellas fueran las intenciones’.

‘Nosotros queríamos ayudar y que se resolviera este caso. Hemos visto por muchos años cómo queríamos que se resolviera este caso, pero obviamente donde no había jurisdicción federal, yo no iba a seguir interviniendo. Ciertamente nos sentimos frustrados en ese momento’, dijo la fiscal federal Rodríguez Vélez el martes en conferencia de prensa.

La jueza Jessica Morales del Tribunal Superior de Bayamón determinó causa para arresto contra Luis Gustavo Rivera Seijo por el asesinato de Lorenzo González Cacho, ocurrido el 9 de marzo de 2010 en la residencia de su madre y sus hermanas en Dorado.

Morales impuso una fianza de 3 millones de dólares y fijó la vista preliminar para el 29 de marzo de 2016.