Desde el martes a miercoles, se lleva a cabo el operativo 'Alto Calibre' en el cual agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia diligencian 33 órdenes de arresto contra 11 mujeres y 22 hombres que se dedicaban al tráfico ilegal de armas en los municipios de San Juan, Bayamón, Humacao y Guayama.

Un total de 62 armas de fuego, entre ellas 47 armas largas y 15 pistolas. Asimismo, se ocuparon 1,265 municiones y 87 cargadores para distintos calibres. Algunas de las armas ocupadas fueron modificadas para hacerlas automáticas y otras presentaban el número de serie mutilada. El director interino del Negociado de Investigaciones Especiales, José Sagardía, junto al director auxiliar de la División contra el Crimen Organizado del NIE, Rufo González, informaron que el fin del operativo es desarticular los puntos, lugares y circunstancias que propiciaban la comisión de este delito.

'Estas armas son utilizadas por la delincuencia organizada y representan un serio desafío a la seguridad pública', expresó González en un parte de prensa.

La investigación arrojó que representantes de diferentes residenciales públicos supuestamente coordinaban entre sí para suplir el mercado de venta ilegal de armas. Por ejemplo, si un suplidor de un residencial no tenía el arma ilegal solicitada refería el asunto a otro suplidor en otro residencial, el cual realizaba la venta del arma ilegal. Todo ello superando la rivalidad que pudiera existir entre residenciales públicos por el control de los puntos de drogas.

En total, se presentaron 176 denuncias por violación a los artículos 5.01 (distribución); 5.04 (portación sin licencia); 5.07 (portación, posesión o uso de arma automática o escopeta); 5.10b (serie mutilada); 6.01 (venta de municiones) de la Ley de Armas y un cargo por violación al artículo 401 (venta de sustancias controladas) del Código Penal.

Además, se confiscaron unos 24 vehículos, con un valor aproximado de 154,000 dólares, los cuales se utilizaban para la comisión de delitos.

Este grupo delictivo lo conformaban: José A. González Betancourt, Carlos G. Aquino Núñez (empleado del municipio de SJ), Miguel A. Rijos Mercado, Manuel R. Santos Torres, Luis M. Núñez Tejada, Wil A. García Rigual, Rafael Meléndez Cruz, Manphies Jovee Colón García, Jan Louis Robles Gómez, Eliezer Rodríguez Rodríguez, Nelson Morales Aponte, Ángel A. Rodríguez Silverio, Gerald Merced Delgado, Waleska I. Álvarez Isaac, Taisha Rodríguez Alvarado, Leannith del Carmen Báez Calo, Glorimar Ortiz Sánchez, Nachalie M. Pereira Dávila, Noelia Colondres Leduc, Alex G. Álvarez Torres, Jamil O. Echevarría Erazo, Eric J. Adams Rodríguez, David A. Morges Mojica, Edgardo LK. Rosario Escobar, Jose A. Virella Castro (empleado Administración de Vivienda Pública), Cristopher L. González Agosto, Carlos E. Rivera Robles, Jarelis Veras Soto, Danaisa Vazquez Serrano, Lilian Colon O'neill, Jeannette Morales Honeycut y Nacharie Sierra Guzmán.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti de la Sala de Investigaciones de San Juan impuso fianzas ascendentes a 4.3 millones de dólares en relación a 19 imputados de esa jurisdicción.

Por otro lado, la jueza Yanay Ramos de la Sala de Investigaciones de Guayama impuso fianzas ascendentes a 24.5 millones de dólares a 17 imputados por hechos ocurridos en esa jurisdicción. El total de las fianzas impuestas ascendió a más de 28.8 millones de dólares.

La investigación fue realizada mediante labor encubierta e inició en febrero de 2015. Esta estuvo a cargo de agentes de la División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado del NIE, bajo supervisión del licenciado Rufo González y los fiscales Fabiola Acarón, Yamil Samalot, Roberto Cruz Mena y Alberto Miranda, junto al fiscal Ramón Ayende de la fiscalía de Ponce.

Las órdenes de arrestos fueron diligenciadas con la colaboración de agentes del Departamento de Hacienda, el Departamento de Corrección, la Policía Municipal de San Juan, Bayamón, Toa Alta, Río Grande y Carolina. Además, participaron oficiales de la Guardia Nacional Aérea, Emergencias Médicas, el Departamento de la Familia, la Oficina de Seguridad de la Administración de Vivienda Pública y el Instituto de Ciencias Forenses.