En el quinto día de la vista en alzada, la Fiscalía allanó el terreno para el testimonio que ofrecerá este viernes la fiscal federal María Domínguez, quien lideró la entrevista en que por quinta vez alegadamente Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como ‘El Manco’, confesó que había asesinado al niño Lorenzo González Cacho.

Sin embargo, la Defensa del imputado salió al paso e impugnó el documento en el que Rivera Seijo renunció con su firmaa sus derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a permanecer callado y a solicitar la presencia de un abogado para acompañarlo durante la entrevista.

La novena testigo en sentarse en el banquillo frente a la jueza Vilmary Soler Suárez, fue la agente federal Grettel Chavarría, quien el 15 de octubre de 2014 le suministró el documento en español a Rivera Seijo, el cual contenía los derechos constitucionales, o los Miranda Rights.

Desde hace cuatro años, Chavarría forma parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), donde actualmente labora como agente especial investigando crímenes terroristas internacionales desdeOrlando, Florida. Sin embargo, al momento de aquella entrevista, la agente llevaba dos años trabajando en Puerto Rico, a donde había sido asignada primero a la escuadra de crímenes violentos, y luego, a la de crímenes contra niños.

En el momento en que Chavarría asumió la investigación del caso del niño Lorenzo, el también agente federal John Morales ya había entrevistado a Rivera Seijo. Incluso, Morales y su equipo habían trasladado al ‘Manco’ hasta la residencia en Dorado del Mar donde ocurrió el misterioso crimen para que identificara el lugar y corroborara el relato.

Chavarría se empapó del caso a través de las notas que había dejado Morales, y ese 15 de octubre del año antepasado, acompañando a la fiscal federal María Domínguez, a su supervisor Félix Rivera Esparra y al agente de la Policía de Puerto Rico, Simón Rosa, se enfrentó cara a cara al ‘Manco’, a quien identificó en la sala 706 del Centro Judicial de Bayamón.

En la entrevista, antes de que Rivera Seijo relatara su versión de los hechos, la agente Chavarríale suministró el documento en español que contenía sus derechos constitucionales. Sus instrucciones fueron las siguientes: que leyera en voz alta oración por oración, que si no entendía algo que le preguntara, y que si entendía a lo que renunciaba, inscribiera sus iniciales al lado de cada frase.

Rivera Seijo así lo hizo, y en las manos de la agente durante la vista en alzada, estuvo ese documento en que al final, firmó el imputado, renunciando a su derecho a la representación legal durante la entrevista, y como testigo, firmó también Chavarría.

Sin embargo, para el abogado de defensa Mario Moczó, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), debido a la mecanicidad, el documento no cumple con los estándares requeridos para que se trate de una renuncia consciente a los derechos constitucionales.

‘El documento se invalida por sí solo. Porque tiene que ser una renunciaválida, voluntaria e inteligente, con conocimiento de lo que estás renunciando. No puede ser unarenuncia donde sea meramente mecánica, un proceso donde tú lees y noentiendes’, opinó ante la prensa el licenciadoMoczó.

Sin embargo, a su salida de la sala, la fiscalAracelisPérez indicó que el cuerpo de defensa no sometió la Regla 240 para inferir que su cliente no entiende el proceso, por lo que RiveraSeijobien pudo haber entendido entonces que renunciaba a sus derechos en el momento que firmó el documento.

‘En cuanto a la regla 240, yo no voy a entrar en esos pormenores, obviamente, ustedes lo ven en sala, dentro de su condición, élestá estable allí. Yo estoy siguiendo las estrategias legalescónsonascon la ética’, manifestó por su parteMoczó.

La juezaSoler Suárez decidió que esperará a que se dé testimonio sobre el contenido de esa entrevista, el cual se llevará a cabo el próximo viernes, y dependiendo de su contenido y la información que de ahí surja, el Tribunal lo aceptará como evidencia de la renuncia o no.

Aquel día, la entrevista empezó cerca de las 3 de la tarde. A ojos de la agente Chavarría, Rivera Seijo se mostró calmado y atento al proceso.

‘Él estaba tranquilo. Estaba contando una historia normal, en orden lógico. Era un ambiente calmo, conversación de confianza’, contó la testigo.’El señor Luis Rivera Seijo indica que él fue el que mató al niño Lorenzo Cacho’, agregó.

Aunque no se entró en el contenido de la quinta y última entrevista en que Rivera Seijose autoproclamó autor del crimen, según la agente, su relato era similar a las versiones que había ofrecido en el pasado, aunque algunos detalles no eran exactos.

En su contrainterrogatorio, Moczó trajo nuevamente a colación que el Tribunal de San Juan había emitido una orden de protección que proclamaba que la Policía no podía interrogar al ‘Manco’ a menos que alertara previamente a sus abogadas en el caso que se llevaba a cabo en dicha jurisdicción.

Chavarría desconocía este dato, y el abogado adelantó a la prensa que lo traerá de nuevo porque fue a una orden que a su parecer, ‘se violentó’. Pero la agente sí sabía que ‘El Manco’ dormía en el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, y ahí había estado recluido durante los cuatro años anteriores.

Durante la mañana, respondió a las preguntas del contrainterrogatorio el agente de la Policía, Nicolás Maldonado, quien investigó la escena el día 9 y 10 de marzo. Su testimonio dio pie a varias congruencias que nuevamente pone en tela de juicio toda la investigación inicial.

El 9 de marzo, Maldonado abandonó la residencia y se la entregó a la familia de Ana Cacho, pese a que los patrones de sangre, según el agente, denotaban que ahí había ocurrido algo más que un accidente – así se estaba investigando hasta el momento -. Al otro día regresaron agentes e investigadores forenses, y la casa estaba completamente limpia.

El colchóndonde se halló a Lorenzo ensangrentadolo habían botado, y Maldonado no realizó ningún trámite para recuperarlo a pesar de que admitió era pieza de evidencia. Los pernos superiores de la puerta trasera, que al agente le indicaba la posibilidad de que hubiesen forzado la entrada porque estaban virados, no se detallan así en el material audiovisual que se tomó como parte de la preservación de la escena.

Además, en elcontrainterrogatorio, dijo que el día 10 no se habían tomadovídeos, mientras que en elredirectorecalcóque no recordaba.

Incluso, las horas de la querella son incongruentes. Según la tarjeta de querella del Centro de Mando y el informe que preparó el 30 de marzo la investigadora forense primaria Wanda Candelaria, Cacho alertó a las autoridades por primera vez a las 4:00 a.m., sin embargo, según Cacho y Maldonado, esa hora está incorrecta, la alerta ocurrió a las 5:00 a.m.

La vista en alzada continúa mañana, jueves, a partir de las 9:30 a.m. con el testimonio de la hija mayor de Ana Cacho, quien también testificó durante la vista preliminar.