La jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, informó el lunes, que una resolución de 36 páginas del juez Jorge Díaz Reverón, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, rechaza los fundamentos del Tribunal de Apelaciones, en la que una sentencia reciente declaró inconstitucional el Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El juez es esposo de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

‘El Departamento de Justicia seguirá defendiendo la constitucionalidad de la Ley de Armas ante los diferentes foros judiciales como una cuestión de política pública’, sostuvo Castellón Miranda en declaraciones escritas.

En un caso resuelto por el Tribunal de Apelaciones de la región de Bayamón y Aibonito, se acusaba a varias personas de vender a agentes encubiertos armas de fuego adquiridas en el bajo mundo. Resolvió que el caso de Sánchez Valle impide que el gobierno de Puerto Rico regule la tenencia y posesiones de armas de fuego, aun cuando se adquieren ilegalmente.

Justicia destaca que ‘dicha decisión es persuasiva y no obliga a los demás tribunales’, en referencia a la decisión de Apelaciones.

Pero llama la atención que Justicia haya divulgado la resolución del juez Díaz Reverón, sin divulgar su relación con la Secretaria, porque la misma tiene menos valor jurídico que la del Tribunal de Apelaciones. Díaz Reverón es un juez de Primera Instancia, el segundo nivel más bajo de jerarquía que existe en el sistema de tribunales de Puerto Rico, y su decisión no afecta a nadie que no sean estrictamente las partes involucradas en el caso que decidió. Su resolución no afecta otros casos y su posición se encuentra por debajo de la de los jueces apelativos.

De lo que sí se trata es de un espaldarazo a la posición del Departamento de Justicia, encabezada por su esposa, de que la Ley de Armas de Puerto Rico cumple con os parámetros constitucionales, algo que está en controversia en otro caso ante Apelaciones en el que Justicia ya ha presentado una moción de reconsideración.

En su resolución, Díaz Reverón concluye que el caso de Sánchez Valle, al igual que los casos del Tribunal Supremo Federal District of Columbia v. Heller y McDonald v. Chicago, no le quitan la autoridad a los estados, incluyendo a Puerto Rico, para regular el comercio de armas de fuego.

En su discusión, analizó la Segunda Enmienda de la Constitución Federal y su interpretación por la mayoría de los estados de la nación americana y Puerto Rico.

‘La base o el ‘core’ del derecho a tener y poseer un arma es que los ciudadanos responsables y respetuosos de la ley puedan usar las armas en defensa de la familia y el hogar’, reza la Resolución del Juez, citando la jurisprudencia federal.

‘Se rechaza firmemente cualquier noción de que un individuo tiene un derecho constitucional de tener y poseer cualquier arma de cualquier tipo y en cualquier manera’, agregó el juez en su resolución.

Esta opinión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas es la última de varias opiniones emitidas por diferentes jueces en varias jurisdicciones ante planteamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Armas.

Para copia de la resolución, vea el enlace abajo:

Resolucioìn Wilberto Serrano Vaìzquez-Constitucionalidad Ley de Armas_27026