Según reveló el Ombudsman.

La Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) reveló hoy que solo un 39% de las escuelas que fueron cerradas hace cinco años, han sido adjudicadas o concedidas para otros usos por solicitud de alguna institución o municipio.

El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, informó que, en coordinación con el Secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, su oficina realizó una investigación e inspección de las escuelas cerradas en los años 2017 y 2018.

El Informe detallado será entregado a Educación a fines de septiembre y servirá de instrumento de trabajo para que se afine un plan asertivo sobre el uso y mantenimiento de los planteles escolares cerrados, según se indicó.

Los 18 investigadores de la Procuraduría visitaron e inspeccionaron unas 400 escuelas cerradas de todas las Regiones de Puerto Rico, para un 94% de impacto en estas escuelas. El desglose revela que, de 181 escuelas cerradas en 2017, se visitaron 169 planteles o un 93%; y de 223 escuelas cerradas en el 2018, se visitaron 212 para un 95%.

“Mi experiencia como funcionario y como exalcalde me dice que lo importante es encontrar soluciones. Este trabajo coordinado con Educación provee de manera independiente una visualización de la realidad para que se allanen mecanismos de solución y resolver situaciones que atenten contra el interés público. Esa es nuestra meta”, apuntó García Feliciano en declaraciones escritas.

El Ombudsman informó que, de las Escuelas Cerradas en el 2017, solo un 37% fueron adjudicadas (68 de 181). De las Escuelas Cerradas en el 2018, un 41% fueron adjudicadas (92 de 223).

Las estructuras y predios que albergan los planteles cerrados, aunque bajo dominio de Educación, pertenecen a diversas agencias como Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Mejoramiento de Edificios Públicos (OMEP), según los procedimientos establecidos en el proceso de cierre.

“Les estamos sometiendo Requerimientos de Información, así como Informes de Hallazgos, con el propósito de que las agencias pertinentes tomen las medidas correctivas necesarias. Se hace necesario atender los problemas que afectan las comunidades y ciudadanos que residen en las áreas donde ubicaban las escuelas, ahora cerradas”, expresó el Procurador.

Entre los hallazgos encontrados y asuntos que requieren la atención de las agencias gubernamentales se encuentran:

Se investiga si el Departamento de Educación realizó la solicitud de baja de estos servicios, como parte de los protocolos establecidos para los cierres de escuelas. O si, por el contrario, es que las corporaciones de AAA y LUMA aún no han realizado las desconexiones solicitadas por la agencia de gobierno e incluso no se han retirado los respectivos contadores.

“También, se ha identificado el uso indebido en algunas de estas escuelas, utilizando los servicios básicos, para el lavado de autos, bañar caballos, y conexiones ilegales desde las instalaciones. Estos servicios que aún continúan conectados representan un impacto de miles de dólares para Puerto Rico en servicios de agua y luz sin contabilizar”, comentó García Feliciano.

Además, la pesquisa ordenada por el Ombudsman detectó falta de mantenimiento en 105 de las escuelas inspeccionadas. Esto ha ocasionado vandalismo, destrucción o robo de verjas, puertas o ventanas.

“Esta situación ha convertido muchas de estas escuelas en estorbos públicos, lo que acarrea otros agravantes como actividades delictivas y clandestinas, basureros, animales realengos entre otros problemas que afectan la salud pública, la calidad de vida de las comunidades aledañas y a quienes transitan por el área. La jurisdicción entre las agencias parece no estar definida por lo que se hace necesario revisar los procesos para que se actúe conforme sea necesario”, adjudicó el funcionario.

El Ombudsman García Feliciano hizo hincapié en otra serie de anomalías detectadas que requieren también la urgente intervención del aparato de seguridad pública, el Departamento de la Familia, Departamento de Salud y ASSMCA, entre otras agencias.

El Ombudsman informará a las agencias pertinentes el detalle de cada uno de los casos, para que se tomen las medidas correspondientes. Igualmente, se dará seguimiento para las acciones correctivas necesarias.