“Las personas que acuden a ALPR nos informan que todavía es un gran reto encontrar una vivienda de reemplazo con los vales de reubicación”, dijo la licenciada Ariadna Godreau Aubert.

Tras afirmar que a seis años del huracán María, la mayoría de los estragos que provocó no se han superado y que la asignación de $20,000 millones a Puerto Rico no ha redundado en recuperación, Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó una serie de recomendaciones para atender las necesidades de los sectores de escasos recursos.

Dichas recomendaciones forman parte del Quinto Informe Hacia una Recuperación Justa: informó la directora ejecutiva de la entidad, licenciada Ariadna Godreau Aubert.

“Es importante ir más allá: a seis años de una catástrofe que no ha terminado, reconocer esta pérdida -latente en la necesidad creciente de vivienda y condiciones de vida digna que justifiquen el derecho a permanecer- es esencial para apalancar estrategias que construyan presente y futuro”, sostuvo.

Puede ver el informe de Ayuda Legal aquí:

Afirmó Godreau Aubert que “se ha hecho tarde para cierta versión de la recuperación, pero no para exigir reparaciones y reconstruir de cara a la justicia climática y el derecho a permanecer. Por esto, mientras reconocemos el desfase entre el estado de la reconstrucción y la recuperación justa, en Ayuda Legal Puerto Rico, y otros espacios, nos enfrentamos a la pregunta del presente y el futuro. Temas alrededor de la justicia climática y la intersección con vivienda y permanencia, nos fuerzan a detenernos en puntos transversales”.

Se indicó que, cónsono con las exposiciones que por los pasados años ha realizado Ayuda Legal Puerto Rico para orientar acerca de los derechos de las personas tras emergencias y desastres, la presentación del informe concentró en el manejo de los fondos CDBG-DR, CDBG –MIT a partir de los recientes huracanes y terremotos.

Sobre los fondos CDBG-DR

Sostuvo la abogada comunitaria Verónica González, que “preocupa, el movimiento de fondos destinados a reparar viviendas de familias dueñas a otros programas que incentiven el desarrollo o rehabilitación de viviendas de interés social, los cuales ofrecen atractivos arreglos para desarrolladores mientras que dejan descubiertas las vulnerabilidades de quienes pasarían a ser inquilinos con pocas protecciones”.

Citando el informe indicó que al 7 de enero de 2020, cuando el programa cerró el proceso para recibir solicitudes, sobre 27,000 familias habían presentado una solicitud de asistencia. “Tres años después, para agosto 2023, la identificación de propiedades con techos azules que no lograron solicitar a R3 en los seis meses que duró el proceso de solicitud, aumentó la cantidad de solicitudes a 28,296. Esto es igual al 56% de las solicitudes presentadas”.

Agregó que, contrario a lo prometido en varias ocasiones por el Departamento, el programa R3 nunca reabrió el proceso de solicitudes. “Desconocemos el número de personas que se suscribió a la plataforma para recibir información en caso de reabrirse el programa”, dijo González.

Se informó que el informe reconoce “el proceso ha sido lento, pero estamos viendo números positivos con relación a un avance en los casos de reparación o reconstrucción. No obstante, los procesos de reubicación se están moviendo más lentamente”.

Señalan que los datos del Departamento para noviembre de 2023, indican que de las 3,067 personas que han recibido vales de reubicación, unas 892, el 29%, han llevado a cabo cierres de compraventas de propiedades de reemplazo.

A ello, Godreau Aubert agregó que “las personas que acuden a ALPR nos informan que todavía es un gran reto encontrar una vivienda de reemplazo con los vales de reubicación. Estas personas cuentan que no hay casas, que cuando van a buscar una nueva propiedad los vendedores y corredores de bienes raíces les indican que no quieren participar del programa porque tarda mucho, las propiedades no pasan la inspección del Departamento o porque prefieren esperar por una persona que pueda pagar en efectivo. El discrimen hacia familias que tienen un vale es un problema latente”, acotó.

Otra área que resalta el informe es que la atención a los casos de toldos azules es significativamente más lenta que en el resto de los casos. Señala que mientras entre las propiedades en general la tasa de reparaciones, reconstrucciones y reubicaciones completadas supera el 50%, para las propiedades con techos azules el porcentaje es apenas 10%.

Sobre los fondos CDBG-MIT

Indican que en enero del 2020, HUD asignó sobre $8,200 millones de dólares en fondos CDBG-MIT. De estos, $1,600 millones fueron separados para atender las necesidades de mitigación en la vivienda.