Al 31 de enero de 2024, estaban pendientes de resolución 20 demandas civiles contra 12 departamentos, por un total de 52,082,544, presentadas por 60 empleados y funcionarios.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó un informe que detalla los efectos adversos de las demandas por despidos, acciones disciplinarias y otras transacciones de personal, motivadas por discrimen político-partidista, acoso laboral y hostigamiento sexual, sobre las finanzas del Gobierno.

El estudio analizó la documentación de 79 de las 81 entidades gubernamentales que fueron solicitadas para proporcionar información. Según el informe, entre 2019 y 2023 se resolvieron nueve demandas sin costo para las entidades, mientras que 13 funcionarios presentaron demandas por un total de 2,320,000contra seis departamentos y agencias, alegando motivos político-partidistas, acoso laboral y hostigamiento sexual.

Al 31 de enero de 2024, estaban pendientes de resolución 20 demandas civiles contra 12 departamentos, por un total de $52,082,544, presentadas por 60 empleados y funcionarios. Estas demandas están siendo evaluadas por el Tribunal Federal y el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

El informe también reveló que 25 demandas civiles, con un reclamo total de 19 millones $70,400, presentadas por 89 funcionarios, estaban detenidas al 31 de enero de 2024. Estas demandas se encuentran en pausa debido a razones administrativas, motivos no especificados y la Ley Promesa.

El estudio, que cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, indicó que 48 entidades certificaron no haber tenido demandas o querellas durante el periodo evaluado. Sin embargo, el Área Municipal para el Desarrollo Económico en Coamo y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario no entregaron la documentación solicitada.

El Informe Especial recomendó al secretario de Justicia orientar a los funcionarios principales de la Rama Ejecutiva sobre los efectos adversos de las acciones tomadas contra empleados por motivos político-partidistas, hostigamiento sexual y acoso laboral, así como sobre su responsabilidad como funcionarios públicos.