Un total de 59 municipios recibirán fondos de los $4.7 millones destinados para esos fines.

El comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 (NSE-911), José A. Reyes Cañada, anunció la distribución de más de $4.7 millones entre las agencias de respuesta estatales y los municipios integrados al sistema de emergencias.

Un total de 59 municipios, integrados al sistema mediante acuerdos colaborativos con el NSE-911, recibirán fondos de esta inyección económica. Estos acuerdos han sido evaluados y aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), validando su cumplimiento con las regulaciones y garantizando la correcta utilización de los cargos del 9-1-1.

“Comenzamos nuestras gestiones con paso firme para modernizar nuestros sistemas integrados al 9-1-1. La encomienda dada por la gobernadora, Jenniffer González Colón, es mayor celeridad y ejecución y eso estamos haciendo. Continuar brindando servicio con dedicación, rapidez y excelencia es vital para nuestra ciudadanía, contando con recursos de mejor tecnología. Nuestro norte es garantizar acciones eficientes y rápidas a todas las emergencias, minimizando los tiempos de respuesta y velando por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos”, expresó el comisionado designado Reyes Cañada.

Por su parte, el secretario designado del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer Croley, manifestó su entusiasmo por la oportunidad de colaborar e innovar con las labores del NSE-911 bajo su jurisdicción.

“Queremos mantener y expandir la integración de servicios municipales compatibles con el sistema estatal, lo cual promueve una mejor coordinación y respuesta ante emergencias. Puerto Rico puede estar seguro de que cuenta con un sistema de respuesta de emergencia excelente y bien equipado para atender sus llamados a la mayor brevedad, en cada punto de la Isla”, destacó Garffer.

La Ley 20 de 10 de abril de 2017, conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, establece en el Artículo 4.06 a) que los fondos recaudados por virtud de los cargos a los abonados telefónicos autorizados en dicha Ley solo podrán ser utilizados para, entre otros, gastos directamente atribuibles a la recepción y atención de llamadas de emergencia, despacho y prestación de los servicios de primera intervención en dichas emergencias.

Los fondos fueron aprobados por la Junta de Control Fiscal y por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el pasado 13 de enero para desembolsar el pago de la distribución correspondiente al año fiscal 2022-2023.