El objetivo asegurar prácticas comerciales justas en prevenir abusos en los precios y garantizar que los productos ofrecidos al consumidor.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), bajo la dirección de la secretaria Valerie Rodríguez Erazo, anunció el refuerzo de un operativo de inspección en pescaderías y establecimientos relacionados en Puerto Rico.

El objetivo asegurar prácticas comerciales justas en prevenir abusos en los precios y garantizar que los productos ofrecidos al consumidor cumplan con los estándares de calidad, higiene y transparencia requeridos por ley.

Entre los aspectos que serán verificados son:

• El uso correcto de pesas y balanzas debidamente certificadas, para asegurar que el peso cobrado corresponda al peso real entregado.

• La publicación visible y clara de precios en vitrinas, tablillas y productos, según establece la reglamentación.

• Que los precios reflejados sean justos y no respondan a aumentos injustificados o especulativos por la alta demanda de la temporada.

• Las condiciones de almacenamiento, refrigeración e higiene, garantizando la seguridad del alimento ofrecido.

• La adecuada rotulación, etiquetado y cumplimiento general con los reglamentos aplicables.

“El consumidor puertorriqueño merece respeto, claridad y justicia en cada transacción. El compromiso es fiscalizar firmemente, hacer cumplir la ley y asegurar que nadie abuse del pueblo, especialmente en momentos donde cada centavo cuenta”, afirmó Valerie Rodríguez Erazo.

Inspectores del DACO estarán activos durante toda la semana en pescaderías locales, supermercados y otros comercios donde se venden productos del mar, cubriendo áreas

clave alrededor de la isla.

En caso de que un inspector determine que un establecimiento está incurriendo en alguna práctica contraria a las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos administrados por

DACO, este procederá a informar al comerciante sobre las violaciones detectadas y velará por el cumplimiento del debido proceso de ley. Esto incluye la entrega de toda la documentación pertinente y la notificación correspondiente, asegurando que el comerciante tenga pleno

conocimiento de sus derechos y los pasos a seguir.

Este procedimiento busca garantizar equidad en la aplicación de la normativa y promover un entorno comercial justo, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.