Denunciaron que contratistas aliados a la Gobernadora también incumplen con órdenes ejecutivas sin enfrentar consecuencias

La Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción de Norte América (LiUNA), denunció este martes que aproximadamente la mitad de los 50,000 trabajadores de la construcción de Puerto Rico no han podido reclamar seguro por desempleo porque sus patronos no le pagan conforme a la Ley.

Igualmente, denunciaron que contratistas aliados a la campaña política de la Gobernadora también incumplen con Órdenes Ejecutivas vigentes sin enfrentar consecuencias.

“Hay miles de trabajadores de la construcción pasando hambre. Un 48 por ciento de los 50,000 trabajadores de la construcción están pasando necesidades y no tienen derecho ni siquiera al seguro por desempleo por que los contratistas millonarios violan la ley y no les pagan ese beneficio para no pagarle salarios justos. Pero, parece que cuando los contratistas pagaron los pasquines de campaña a Wanda Vázquez compraron inmunidad, porque igualmente nada ha pasado con los contratistas que incumplen la Orden Ejecutiva que aumentó el salario a 15 dólares la hora a los trabajadores y obligaba la negociación colectiva en obras de construcción del gobierno. Nosotros favorecemos reanudar la construcción, pero el patrón de incumplimiento de la industria no nos inspira confianza de que cumplan con las normas de salud y distanciamiento social para asegurar una reapertura segura”, expresó el director de asuntos públicos de LiUNA, Edison Severino en comunicación escrita.

La denuncia surge luego que LiUNA realizara un estudio sobre las condiciones de los trabajadores durante la pandemia del COVID-19. En el mismo se revela que aproximadamente el 48 por ciento de los trabajadores de construcción en Puerto Rico no cualifican para pagos por seguro de desempleo porque sus patronos incumplen con ese requisito legal. Y de aquellos que cualifican, el 86 por ciento no ha recibido su pago por desempleo.

“Esta práctica de la Industria de la Construcción de tratar a sus empleados como contratistas independientes constituye una clara violación a la ley Federal conocida como “Fair Labor Standars Act” y al Código de Rentas Internas Federal. Estas compañías de construcción, para evitar cumplir con sus responsabilidades legales y fiscales, están privando a los trabajadores de sus derechos y beneficios que tienen bajo la Ley, incluyendo su derecho a recibir seguro social cuando lleguen a su edad de retiro”, dijo el general Counsel de la Región Noreste de LiUNA, Ray Haineman.

Señaló que los empleados de la construcción en los Estados Unidos, al igual que todos los empleados en Puerto Rico, tienen derecho al seguro por desempleo cuando sus patronos cumplen con el requisito de informar que los tienen en nómina y realizan los pagos correspondientes al Gobierno. Esos pagos por parte del patrono dan derecho al empleado de recibir pagos por desempleo, y adicionalmente recibir 600 dólares semanales por encima del beneficio usual gracias a las medidas aprobadas por el Congreso ante la emergencia del COVID-19.

Severino, también denunció que actualmente el amigo de la gobernadora Federico Stubbe, incumple con la Órden Ejecutiva 2020-033 sin enfrentar ninguna consecuencia. Severino expresó que: “Los amigos de la gobernadora están por la libre. Actualmente hay varias obras de construcción de casas de lujo y otros proyectos en el Municipio de Dorado que pertenecen al millonario contratista Federico Stubbe, que están activamente realizando trabajos de construcción en clara violación a la orden ejecutiva 2020-033. Stubbe es un contratista millonario y donante político que la Gobernadora aceptó haber visitado el pasado mes de febrero en su residencia de lujo en Dorado Beach. Según un parte de prensa, Stubbe fue incluido en un grupo gubernamental a petición expresa y específica de la Oficina de la Gobernadora – un trato que solo él recibió”.

“Desde que Wanda Vázquez asumió el poder denunciamos los abusos de los contratistas y la complicidad del gobierno, pero ella hace causa común con los poderosos e influyentes e ignora los reclamos que hemos realizado los trabajadores que estamos reconstruyendo a Puerto Rico. Ahora se habla de reabrir la actividad de la construcción y ella no nos ha contactado para discutir las medidas de seguridad para los trabajadores. Ella solo habla con los millonarios. Favorecemos la apertura, pero solicitamos que se nos notifique cuáles serán las medidas de seguridad que se llevarán a cabo y se nos confirme si los contratistas cuentan con los materiales sanitarios suficientes para asegurar la salud de los trabajadores y sus familiares. ¿Quién va a asegurarse cumplan cuando el Gobierno está cerrado?”, mencionó Severino.

Finalmente, Severino hizo un llamado a la gobernadora a “hacer cumplir las órdenes ejecutivas y las Leyes laborales y a recapacitar sobre los favoritismos que brinda a los contratistas de la construcción”. Igualmente, le advirtió a la gobernadora que “las 50,000 familias de los trabajadores de la construcción están muy pendiente a sus acciones para ejercer su derecho al voto en los próximos comicios electorales”.