HF hizo un llamado a la Legislatura para que apruebe el P. de la C. 331 que propone adoptar la “Ley para la Protección de los Derechos y el Acceso a Servicios Libre de Discrimen”.

La organización sin fines de lucro Hispanic Federation (HF) condenó lo que cataloga como “colaboración cruel e inhumana del gobierno de Puerto Rico con ICE” tras la entrega de una lista de personas inmigrantes con estatus migratorio irregular que obtuvieron licencias de conducir conforme lo permite una ley local adoptada en el 2013.

HF es una organización de afiliación sin fines de lucro, fundada en 1990, comprometida con el empoderamiento y el progreso de la comunidad hispana, con especial atención a los latinos de bajos ingresos, marginados e inmigrantes.

Con programas en 47 estados, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y el Distrito de Columbia, las áreas de interés de HF incluyen inmigración, capacitación económica, compromiso cívico, ayuda en catástrofes, filantropía, educación, salud y medio ambiente.

"La acción del Gobierno de Puerto Rico ante la solicitud de ICE (Immigration and Customs Enforcement, siglas en inglés) representa un menosprecio total a la dignidad humana de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, dijo la directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett-Navarro.

“Destruye la confianza que esta comunidad altamente marginada y vulnerable brindó al gobierno al compartirle su información personal conforme a la ley y con la buena fe de seguir las reglas de tránsito en Puerto Rico. La ley no les advirtió que esto podía pasar. Peor aún, según comunicado por la gobernadora, la información se le entregó a ICE el 29 de enero de este año y el gobierno no tuvo ni la empatía de advertirle a la población inmigrante sobre la situación de alto riesgo en la que se encuentran”, agregó.

“No se puede confiar en un gobierno que te pide que participes de un proceso gubernamental para luego permitir que se use esa información en tu contra. Esto es un abuso contra una comunidad que día a día aporta a la economía y bienestar social del país y las ramificaciones nos afectan a todos. La gobernadora y su gabinete tienen la responsabilidad de proteger y defender a toda costa a todos los que vivimos en Puerto Rico y enfrentar cualquier solicitud nefasta del gobierno federal mediante todas las alternativas posibles. Más aún ante esta administración federal, la cual está constantemente violando los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes e ignorando órdenes judiciales. Así lo están haciendo docenas de jurisdicciones en los Estados Unidos que han optado por proteger a sus comunidades inmigrantes y otras marginadas al enfrentar requerimientos similares de parte del gobierno federal”, manifestó la ejecutiva.

HF hizo un llamado a la Legislatura para que apruebe el P. de la C. 331 que propone adoptar la “Ley para la Protección de los Derechos y el Acceso a Servicios Libre de Discrimen” para, entre otras cosas, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades gubernamentales y las autoridades federales de inmigración.

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