Se ha visto cómo a un paso rápido unos inversionistas han ido ocupando decenas de propiedades, en algunos casos cuadras completas.

Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, denunciaron el martes el acaparamiento de decenas de propiedades en la comunidad de Puerta de Tierra por parte de individuos beneficiarios de las Leyes 20 y 22, por lo que radicaron una resolución en ambas cámaras con el fin de investigar los efectos del desplazamiento en Puerta de Tierra y otras comunidades.

“Ante la transformación de la comunidad de Puerta de Tierra, ha surgido entre los residentes de los edificios propiedad del Estado la preocupación de que su presencia resulte incompatible con los designios de los inversionistas de tan alto poder adquisitivo y que, por lo tanto, eventualmente también ellos sean desplazados. En la actualidad hay varios apartamentos especialmente diseñados para personas con problemas de movilidad que llevan años clausurados. En el caso de Parque San Agustín, los residentes están recibiendo notificaciones de realojo sin una garantía absoluta de que eventualmente regresarán a lo que ha sido su hogar, en algunos casos por décadas”, indicó la senadora Santiago Negrón en conferencia de prensa.

“Todo el esquema de desplazamiento sigue abonando a la aspiración de ciertos sectores de ‘un Puerto Rico sin puertorriqueños’, y, por lo tanto, nos concierne a todos el auspicio de parte del Estado a esta faena”, añadió.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón advirtió que lo “que estamos viviendo son consecuencias previsibles al trato privilegiado a extranjeros acaudalados en condiciones en las que ni siquiera hay fiscalización. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacer lo que esté a su alcance para confrontar estos esquemas de desplazamiento que, como hemos atestiguado, no sólo se dan en comunidades de alto costo, sino también en sectores pobres en Puerto Rico que amenazan con seguir desplazando”.

Junto a ellos estuvieron Laura Mía González, Jorge Luis González y Ángelo Arroyo, en representación de la comunidad.

La denuncia surge ante la preocupación mostrada por residentes de la comunidad, quienes han visto cómo a un paso rápido estos inversionistas han ido ocupando decenas de propiedades, en algunos casos cuadras completas. El efecto ha sido el desplazamiento de inquilinos que, ante lo agresivo y repentino del desplazamiento, han tenido que abandonar esa comunidad al hacerles imposible encontrar vivienda allí.

Según la investigación preliminar realizada por el licenciado Adrián González Costa, asesor de la senadora Santiago, nueve beneficiarios de la Ley 22 han adquirido hasta la fecha, 30 edificios en esta comunidad, incluyendo a la antigua escuela Brumbaugh y el edificio que en algún momento albergó las oficinas del periódico El Vocero. Estas transferencias de titularidad han ido alterando la identidad del barrio más antiguo del país, convirtiéndolo en la sede de numerosas unidades destinadas al alquiler a corto plazo.