Policíacas

Caen los primeros empleados fantasmas del Capitolio

Un esquema con sabor a crepas

El director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa y los excontratistas Isoel Sánchez y Chrystal Robles enfrentan 18 cargos criminales en la primera ronda de arrestos de la investigación federal sobre empleados fantasmas en el Capitolio.

Los acusados supuestamente conspiraron para defraudar al Gobierno al facturar y cobrar por servicios profesionales que nunca ofrecieron a través de las empresas las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG) y Global Instant Consulting Group (GICG), según se desprende del pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado Federal.

En una rueda de prensa, la jefa interina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, anticipó que la investigación continúa y que habrá más arrestos.

“Este es el primer caso que radicamos por los famosos empleados fantasmas en un esquema para defraudar al Gobierno de Puerto Rico… Cuando digo que es el primero estoy siendo explícita. Es el primero de muchos más”, dijo Rodríguez.

Tal y como anticipó este diario, la investigación tuvo su origen en la querella ética que provocó la renuncia del representante Partido Nuevo Progresista (PNP) Samuel Pagán Cuadrado y que, a su vez, destapó un catálogo de irregularidades en la contratación en ambos cuerpos legislativos de las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG) y Global Instant Consulting Group (GICG), vinculadas al estrecho colaborador del presidente senatorial Isoel Sánchez Santiago. Casualmente, los contratos fueron cancelados justo antes que explotara públicamente el escándalo.

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Rodríguez no quiso comentar entrar en detalles sobre el alcance de la investigación y si empleados, funcionarios o contratistas de la Asamblea Legislativa se encuentran cooperando con las autoridades federales. Fuentes de NotiCel aseguran que tanto Sánchez como Robles se encuentran colaborando con el FBI.

Un gran jurado federal emitió una acusación de 18 cargos criminales por conspirar para cometer fraude electrónico, diez cargos sustantivos por fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos públicos, robo de identidad agravado y lavado de dinero. La investigación fue referida por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Der ser hallados culpables, los acusados se exponen a 20 años de prisión.

Según la jefa de la Fiscalía Federal, el esquema corrió desde el 2016 hasta julio de 2018. Luego de participar en campañas políticas, Sánchez y Robles crearon el 1ro de enero de 2017 las compañías International Legislative y Global para ofrecer servicios de asesoría en la Cámara de Representantes y el Senado. 

“Por medio de contratos por servicios profesionales los acusados en este caso llevaron a cabo su plan de defraudar facturando y aprobando y cobrando por trabajos que no se completaron o que se realizaron en contravención de los términos explícitos de los contratos”, explicó Rodríguez.

Ambos utilizaban la identificación de terceros sin su consentimiento para dar la impresión de que Robles había ofrecido servicios legislativos como Coordinadora Gubernamental en el Senado.

El director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales aprobaba las facturas, aunque conocía que Robles no había ofrecido los servicios. Sánchez por su parte, era quien le suplía a su compañera la información para someter las facturas al Senado.

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“Robles Báez en más de quince ocasiones certificó y solicitó pagos que certificaban que había asistido personalmente y trabajado. Y esto lo hizo a la Oficina de Asuntos Gubernamentales… Pero en realidad, en esos días la acusada no asistió a la Oficina de Asuntos Gubernamentales ni proveyó los servicios se encontraba en otro lugar”, dijo la jefa de los fiscales.

Además, el pliego acusatorio detalla que Robles cobraba el dinero y lo depositaba en la cuenta de la empresa Global. Posteriormente, la mujer transfería electrónicamente el dinero a las cuentas de Sánchez. El monto de las facturas por trabajo no realizado alcanza $27,300, según Rodríguez en un “cálculo sumamente conservador”.

La investigación continúa para determinar si existen funcionarios de mayor jerarquía al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales. 

"Vienen más", aseguró la jefa de la Fiscalía Federal.

Puedes leer aquí el pliego acusatorio:

Mira la conferencia de prensa de la fiscalía federal.

 

 


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