La Calle

Segundo arresto implica a Keleher cediendo terreno de escuela por un apartamento

Keleher se entregó en Filadelfia

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó esta mañana que se disponía a ejecutar dos órdenes de arresto, una de ellas, correspondiente a la exsecretaria del Departamento de Educación, (DE), Julia Keleher, quien se entregó a las autoridades previo a que la arrestaran y quedó en libertad bajo fianza sin condiciones adicionales a las que tenía por un caso anterior.

El segundo arrestado fue identificado por el FBI como Ariel Gutiérrez-Rodríguez, quien fue detenido en el condominio Ciudadela que ubica en Santurce. 

Según detalló el FBI, el nuevo esquema en el que se involucra a la exfuncionaria implica que esta le cedió al acusado Ariel Gutiérrez-Rodríguez 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a cambio de "beneficios financieros a Keleher en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo de apartamentos Ciudadela en Santurce". 

El esquema, en el que se mencionan 4 empresas sin que sean identificadas, inició cuando, Keleher firmó un contrato de arrendamiento con la promesa de comprar un apartamento de dos cuartos en Ciudadela. El acuerdo le permitía ocupar el apartamento hasta el 15 de agosto de 2018 por $1, cuando el valor mensual estimado de ese tipo de apartamentos en el referido complejo asciende a $1,500. Bajo el trato, Keleher suponía comprar el apartamento por $297,500 y recibiría un bono de $12,000 en conexión a esa compra. 

Mira también: Todo lo que debes saber sobre el destape de fraude en Educación y ASES

NotiCel llegó hasta los predios de Ciudadela y el terreno en cuestión, puedes ver un video a continuación: 

 

 

 

Las autoridades presentaron cargos relacionados a conspiración para realizar fraude electrónico, soborno y fraude electrónico. 

De ser encontrados culpables, los acusados ​​enfrentan posibles condenas de hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas ", dijo el fiscal federal Muldrow.

Por su parte, la abogada de Keleher, la exfiscal federal María Domínguez Victoriano, dijo en WKAQ que "la fiscalía federal está demostrando un patrón de conducta de cuando traen un caso que demuestra ser un caso débil, con fallas legales, pretenden subsanar trayendo otro caso", en referencia a que es la segunda ocasión en que se acusa a su clienta.

"Nosotros teníamos ya conocimiento de que la fiscalía federal seguía investigando a ver qué encontraba y debo decir que entiendo que este caso es un caso, para mí, débil en términos de los hechos que se alegan", añadió al cuestionar que los recursos investigativos considerables de las autoridades federales produjeran un caso relacionado con el apartamento de Keleher, en vez de sobre los varios millones en contratos que la agencia otorgó bajo su mandato. "Ante ese escenario, pueden evaluar la validez y fortaleza de esos casos que han traído en su contra", acotó.

Designó los hechos de esta nueva acusación como "negocios personales" de Keleher y argumentó que en ocasiones los valores de la renta se negocian cuando hay un acuerdo de compra después de la renta. Añadió que el pliego acusatorio refleja "serias" representaciones falsas que podrían haber descarrilado la pesquisa si se le hubieran presentado al gran jurado y que el beneficio del bono de compra se le ofreció a otros compradores también.

"Keleher ha sido una mujer que ha sido excelente en su trabajo, una profesional, vino a Puerto Rico a hacer un servicio público porque su sueldo se redujo considerablemente", comentó. "Está dispuesta a aportar información... pero no a cooperar", dijo en el programa Jugando Pelota Dura al distinguir que la cooperación es cuando una persona es culpable y quiere reducir su sentencia.

De otro lado, tras los arrestos, el DE remitió declaraciones indicando que se mantienen colaborando con las autoridades federales pero que "por esto ser un caso que está en la etapa inicial de un proceso judicial, y dándole total deferencia tanto al Departamento de Justicia Federal como a los acusados, quienes les cobija la presunción de inocencia, no haremos expresiones adicionales sobre este asunto".

Esta representa la segunda ocasión en que el FBI requiere a Keleher. Anteriormente, el 10 de julio de 2018, varios agentes del FBI la habían arrestado en la capital federal de Washington DC.

Por ese caso, en el que también resultó arrestada la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, contra Keleher pesan un cargo por conspiración para cometer fraude electrónico, tres cargos por fraude electrónico y un cargo por conspiración a cometer una ofensa a los Estados Unidos. 

La información recopilada por el FBI apunta a que la exsecretaria participó de un esquema para beneficiar allegados mediante contratos. En el primer esquema se ubica a Keleher beneficiando a las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza en el DE, amigas de la exfuncionaria y también coacusadas, para otorgar un contrato a la compañía Colón & Ponce, propiedad de Mayra Ponce Mendoza. 

Mira la segunda acusación contra Keleher pulsando aquí


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