El Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles), se tiró a la calle en la mañana de hoy, viernes, y arrestó a Edgar Arroyo-Amezquita y Luis Serrano-Perdigón, exdirector del municipio de Toa Baja y contratista del mismo pueblo, respectivamente.

Así confirmó a este medio el portavoz del FBI en Puerto Rico, Carlos Osorio.

Contra los acusados pesan seis cargos compartidos por conspiración para obtener propiedad mediante fraude de un programa que recibía fondos federales, sobornos relacionados con programas que tambien recibían fondos federales, robo de identidad, y por ofrecer información falsa a las autoridades federales

Según el parte de la fiscalía, los arrestados crearon una empresa fantasma de nombre ‘Professional Sales & Service’ con la cual obtuvieron contratos presentando presupuestos y cotizaciones inflados de la compañía para lograr salir airosos en los procesos de subasta que se dan previo a conceder un contrato.

La información en poder de la fiscalía federal indica tambien que Serrano-Perdigón hizo pagos en efectivo a Arroyo-Amezquita por más de 140 mil dólares luego de que este utilizara su posición en el municipio para otorgarle contratos.

‘Estos acusados ​​participaron de un plan para cometer fraude en Toa Baja a sabiendas que, como en muchos otros municipios de Puerto Rico, se enfrenta a graves dificultades financieras’, sostuvo por su parte Rosa Emilia Rodríguez-Velez, fiscal federal.

Si son encontrados culpables, ambos arrestados se exponen a cinco años de prisión por conspiración para obtener propiedad mediante fraude, otros 10 años de prisión por soborno en relación con programas que reciben fondos federales y cinco años de prisión por mentir a las autoridades federales.

Reacciona el Alcalde:

Tras la revelación de estos arrestos por los cargos mencionados, que se produjeron bajo la pasada administración de Aníbal Vega Borges, el actual alcalde de este municipio por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Bernardo Betito Márquez García sostuvo que espera que los excolaboradores del municipio sean procesados con ‘todo el peso de la ley’.

‘Los dineros del pueblo deben ser tratados con el más sagrado respeto y compromiso para el bienestar de nuestros ciudadanos. Es un caso sumamente triste cuando personas a las que se le ha confiado la administración del dinero público y el servicio al pueblo le fallan a esa confianza y deben ser procesados con todo el peso de la ley’, mencionó en declaraciones escritas.

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