Tribunales

Fiscalía federal pierde caso de hostigamiento laboral

Jurado sugirió una indemnización de $300,000.

La oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que dirige Rosa Emilia Rodríguez Vélez, perdió el caso que pesaba en su contra por represalias y hostigamiento laboral de un exempleado, según decidió un jurado en la tarde del jueves.

El jurado, compuesto por ocho mujeres y ocho hombres, deliberó por una hora y media y recomendó que la parte demandada —que también incluye a las fiscales María Domínguez y Jaqueline Novas— pague la suma de $300,000 a Francisco Reyes Caparrós, quien laboraba como Especialista en Inteligencia en la Oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

El dinero supone representar compensación de daños por los sucesos que datan del 2013.

Reyes Caparrós, quien renunció en el 2015, radicó su demanda poco tiempo después tras ser despojado de sus obligaciones laborales rutinarias después de quejarse por tener que hacer recados personales para sus superiores. 

“Yo espero que esto sea un mensaje. Porque estamos hablando de Rosa Emilia, la mujer más poderosa con el rango más alto en el territorio de Puerto Rico. Si Francisco pudo, una abogada contra cuatro abogados que dieron el frente de la fiscalía federal de Massachussetts en Boston, con todos los recursos que bajaron de la Oficina del General Council del Executive Office of the U.S. Attorney de Washington D.C., si pudimos ganar, se puede”, exclamó Bamily López Ortiz, abogada de Reyes Caparrós, a su salida de la sala en el Tribunal Federal de San Juan.

“Hay que reclamar justicia. El país no se beneficia de forma alguna de gente que está trabajando bajo miedo o represalias”, añadió la licenciada.

En su argumento de cierre, López Ortiz presentó una cronología de cómo a través de los años el exempleado fue “sistemáticamente alejado” de sus compañeros de trabajo y labores de manera intencional por Rodríguez Vélez y sus subordinados.

De ese recuento se desprende que Reyes Caparrós, además de sus labores como especialista, también se desempeñaba como segundo al mando en asuntos de seguridad en la oficina.

Como parte de esos menesteres, solicitó chalecos antibalas para dos fiscales —Idalia Mestey y José Capó— a modo de protección adicional ante una alerta de amenazas de muerte por un caso que lideraban. 

Según el testimonio durante los 11 días de juicio, el testigo principal de ese caso era un policía que fue asesinado con 60 balazos. Igual, la hermana de otra fiscal involucrada en el caso había sido asesinada y se creía que guardaba relación con los hechos. Mientras, los criminales, se alegó, ostentaba una lista de personas implicadas en los procedimientos.

A estos fines, Rodríguez Vélez argumentó que habían otras formas de lidiar con una situación como esa.

Más adelante, al demandante lo comenzaron a investigar luego de expresar su interés de viajar a Rusia con gastos pagos, por recomendación de un amigo de la infancia, quien laboraba como asesor del entonces gobernador Luis Fortuño Burset, y estaba casado con la cónsul de Rusia.

Ante la investigación, Reyes Caparrós fue removido de sus funciones por más de un año y se le catalogó como “espía ruso”. Aunque el asunto fue referido a la Oficina del Inspector General y al Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), ambas entidades concluyeron que no hubo conducta criminal, pues el demandante siguió el protocolo necesario para requerir un permiso de viajes.

Luego de ese incidente, Reyes Caparrós pasó de trabajar en el piso 16 de la oficina local de Fiscalía Federal, al 14, luego al 15, luego al área de Interrogación, después al piso 14 y, finalmente, a la oficina del Seguro Social, acción que comprobó el patrón de aislamiento —según la abogada— planificado por Rodríguez Vélez.

Antes de su renuncia, Reyes Caparrós sometió dos querellas contra Rodríguez Vélez y nunca fue reinstalado a su posición original.

“Llevaba desde el 2012 sin contar todo lo que viví, todo lo que pasó y a la hora de la verdad lo pude decir y el sistema funcionó. […] Yo tenía un ‘target’ en mi espalda. Esto era la manera”, exclamó Reyes Caparrós a su salida de la sala.

La representación legal de la Fiscalía Federal, por su parte, compuesta por Jason Weida, minimizó en sus argumentos de cierre la percepción del demandante y señaló que simplemente no le gustaba ser supervisado y que fue su propia decisión renunciar a su empleo.

El caso contra Rodríguez Vélez, que dio paso a la Teoría de la Percepción, abre las puertas para los dos asuntos pendientes que tiene ante el tribunal, también por represalias contra exempleados. Estos son: Carmen Márquez, a quien sancionaron cuando la identificaron como testigo de Reyes Caparrós, y Nelson Pérez, quien renunció después de laborar en la oficina por más de 20 años.

Ahora, en manos del juez Joseph Laplante queda la decisión de aumentar la indemnización monetaria del caso por motivo de “front pay”, o todo aquello que el perjudicado, dejará de devengar por perder su trabajo.

A ese monto, que podría ser más de $250,000, se añadirían los honorarios de la abogada López Ortiz.


NC.TV

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