El exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien fue el que levantó bandera roja a este esquema de corrupción, aseguró que la otorgación de $1.2 millones se hizo «sin ningún criterio» y pidió al Departamento de Justicia que investigue y recobre el dinero.

El exsecretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, aseguró que todavía se desconoce el destino de los $1.2 millones entregados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia que estaban destinados para el inicio de los trabajos de canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

Esta fue la asignación de fondos que adquirió la entidad gracias al exrepresentante Antonio «Tony» Soto Torres, quien presidía la Comisión de Donativos Legislativos junto a la senadora Migdalia Padilla y lideraba a su vez la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.

El dinero para la obra que nunca se realizó fue a parar a una entidad sin fines de lucro que según se supo es realmente una iglesia en Naranjito.

Otras personas de interés involucradas en este esquema, son quien fuera el consultor legislativo del exrepresentante, José Miguel Huertas Torres, así como la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres y un ingeniero de la agencia, Miguel Santiago Irizarry.

Cabe destacar que Huertas era contratista en la oficina legislativa de Soto y, a su vez, estaba contratado por la Autoridad de Tierras como técnico a cargo de la evaluación de las peticiones de donativos legislativos. Soto, se alega, solicitó a la Autoridad de Tierras la aprobación de la asignación y Huertas, en su función en esa agencia, la aprobó.

Luego de aprobarse la asignación, Soto renunció sorpresivamente al escaño que recién había retenido en la elección general, dando paso a una elección especial en la que resultó electo el representante Ángel Morey.

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Pasado un año, una auditoría demostró que la obra no se había realizado y la Autoridad de Tierras, bajo otra dirección, procedió a presentar una demanda de cobro contra la entidad, una iglesia registrada en el Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro. Pero, la iglesia se declaró en quiebra en un proceso en que su representante fue también el propio Huertas.

Esta investigación es producto de un referido de González Beiró, quien sospechó la comisión de delitos.

Ya el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha anticipado que en o antes de este verano 2025 se esperan acusaciones a los involucrados.

A principios del 2022, González Beiró hizo una revisión interna de documentos y expedientes de entidades sin fines de lucro tan pronto se percató que se le estaba asignando “bastante dinero” a estas organizaciones para trabajos de construcción. Situación que provocó que levantara bandera roja.

“Quisimos estar seguros en ese momento de que estaban capacitados y facultados en ley para hacer esos trabajos y rápidamente nos dimos cuenta que no, que los expedientes estaban prácticamente vacíos, que se les entregaba un cheques en blanco y en esos momentos tomamos medidas donde se sustituyeron mucho de los empleados que estaban a cargo de la Autoridad (de Tierras), directores, subdirectores, división legal, finanzas, hubo cambios completos y comenzamos una investigación más profunda”, expresó González Beiró en entrevista en el programa de Primer Round por Magic 97.3 fm.

La asignación de $1.2 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, con cero experiencia en trabajos de infraestructura, se llevó a cabo sin ningún criterio, según el exsecretario de Agricultura.

“No había ningún criterio, esa es la realidad y por eso los pasados años todos vimos que hubo tantos revuelo en la Autoridad de Tierras y las medidas que yo tomé como secretario para tratar de poner vergüenza. Por muchos años no había controles y lo pudimos establecer dentro del marco legal. Tuve que hacer los reglamentos…”, sostuvo.

González Beiró agregó que en aquel entonces demandaron a la entidad para que se devolviera el dinero, poco después se declararon en quiebra.

“Ellos radicaron una quiebra, acudimos al tribunal federal y ellos cuando se dieron cuenta que estaban cometiendo fraude, pidieron retirarla y la quiebra se retira. Ahora es que Justicia va a tener que meterse en esa entidad porque en el caso civil de recobro de dinero que nosotros entablamos, el juez ordenó en varias ocasiones depositar el dinero y ahora resultó que entregaron los estados financieros, los estados bancarios y no el dinero, no se hizo la obra, no tienen nada. Aquí lo que tiene que hacer Justicia es investigar las finanzas y a dónde fueron a parar esos fondos a dónde pararon porque estamos hablando de $1.2 millones”, apuntó.

Esta no es la única entidad con sospecha de comisión de delito, sin embrago, esta es la asignación más grande asignada por la Legislatura. Las demás organizaciones han recibido monto de dinero que no levantan tanta sospecha.

El exsecretario ahora espera que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de este esquema de corrupción.

“Voy hacer todo lo posible, me pasaré todos los días testificando, tengo que ir a declarar…Yo creo que el problema aquí fue a quien le entregaron los fondos y el Justicia y OPFEI tendrán que ver a donde fue a parar todo ese dinero…», puntualizó.

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