La ‘verdadera’ Reforma Legislativa que prometió el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, la semana pasada se reduce a esto: los legisladores se quedan con el mismo salario, trabajan menos en asuntos legislativos, y el pueblo les paga los beneficios marginales, así como los gastos.
En eso se puede resumir el proyecto aprobado anoche y que NotiCel analizó.
El Proyecto de la Cámara 832, describe la función del controvertible legislador ciudadano, quién en forma práctica, ahora dividirá su tiempo entre la Legislatura -donde el pueblo le paga oficina, secretaria, ayudante, teléfono, gastos de representación y cotización al Sistema Retiro- y labores privadas donde, presumiblemente, no tendrán que sufragar nada del andamiaje que ya le pagan los contribuyentes.
Esto es la versión de la Cámara de Representantes, ya que todavía falta la posible versión del Senado, donde la semana pasada se eliminaron las dietas y estipendios de vehículo pero no se han legislado otros aspectos, y La Fortaleza que, a más de un mes en funciones, todavía no ha producido el proyecto que es parte de un muy publicitado compromiso programático del Partido Popular Democrático (PPD).
El denominado legislador ciudadano le permitiría a los representantes y senadores cobrar un salario anual por sus gestiones legislativas, el mismo que se ha visto inflado en los últimos años hasta llevarlo a un nivel fuera del alcance del ciudadano promedio, y a la vez realizar otras actividades lucrativas en su campo de profesión, en horario fuera de sus funciones en el Capitolio. Únicamente los presidentes de los cuerpos legislativos, no podrán ejercer sus profesiones mientras ostenten el cargo. Los legisladores vendrán obligados a rendir una declaración jurada en Secretaria, donde se estipule sus ingresos, y ese documento será público. Sus gestiones extra legislativas no pueden representar más del 35% de su salario como legislador.
Sin embargo, pese a la posibilidad de que ocurran conflictos de interés entre ambas gestiones, el supuesto Código de Ética ‘estricto’ que prometió la nueva administración, ha quedado en un segundo plano, pues la delegación del PPD ha dicho que no es algo que se radicarán inmediatamente.
Los salarios de los legisladores en promedio serán de $73,775 anuales, cuantía que supera los $69,600 que devenga un juez municipal.
En el caso del vicepresidente de los cuerpos, los portavoces de los partidos políticos y los presidentes de las comisiones de Hacienda y de Gobierno, los salarios serán de $84,841 anuales, lo que casi se equipara a los $89,600 que devengan los jueces superiores.
En cuanto a los presidentes de ambos cuerpos, el salario anual será de $110,663, lo que sobrepasa al salario de un juez del Tribunal de Apelaciones, cuyo sueldo es de $105,000 al año.
Según la pieza legislativa, los legisladores no recibirán otros beneficios marginales como: acumular y recibir pago por vacaciones regulares o por enfermedad ni recibir pagos de bono de Navidad o pago global al final de sus funciones.
Pese a esto, pueden acogerse al Sistema de Retiro y recibir aportaciones para planes médicos. Hay que recordar que las pensiones de los legisladores, así como las de los alcaldes y jueces, son uno de los reglones que se han señalado como excesos en los Sistemas de Retiro porque son mayores o requieren menos tiempo de cotización que en una pensión del empleado público cualquiera.
Por otra parte, se menciona que en un tiempo no determinado, se eliminaría la asignación de un vehículo oficial a los legisladores, con ciertas excepciones. Los gastos telefónicos y de franqueo, y los reembolsos de gastos y dietas durante viajes oficiales fuera de Puerto Rico, quedan inalterados.
Las dietas recibidas por los legisladores que no reciben salario por ser pensionados, serán partidas tributables el 10 por ciento de su origen. Estas retenciones se enviaran al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Solamente en el primer mes de este año, la Cámara desembolsó sobre $90,000 en dietas.
PNP acusa ‘improvisación’
La portavoz de la minoría en la Cámara, Jennifer González, sentenció que la pieza legislativa, ‘es una improvisación’, que denota una lucha de poder entre el liderato de la Cámara y del Senado.
González cuestionó la desinformación de si ya había un informe de la comisión de Gobierno, si la medida bajará a votación mediante descargue hoy, o si se le hicieron enmiendas al proyecto original.
‘Esto es una improvisación para cumplir con las exigencias públicas, y que esto no ha sido pensado, no ha sido analizado, y evidentemente podría tener consecuencias futuras sobre los distintos aspectos del supuesto legislador ciudadano, que ahora es el legislador part-time mejor pago’, puntualizó González.
Actualizada.
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