Tras el anuncio del Departamento de Justicia (DJ), que indica que someterán un cargo menos grave contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Luis Rivera Guerra tras un codazo que este le propició al manifestante sindical Julio Vargas, este último dijo sentirse insatisfecho sobre el proceso llevado por el DJ en este caso.

Asimismo, Vargas, quien es unionado de la Universidad de Puerto Rico y el pasado mes de abril se encontraba en el Capitolio junto a varios grupos sindicales en protesta por la Ley con el Cumplimiento del Plan Fiscal, sostuvo que la movida del DJ que eliminaría la opción de asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue este caso, representa un ‘toallazo’ para el representante del PNP.

Específicamente, la decisión del DJ implica que Justicia radicará un cargo menos grave contra Rivera Guerra por agresión, particular que contrasta con el Código Penal de Puerto Rico.

Tomando en cuenta que Rivera Guerra le propició un codazo a Vargas y es un funcionario público, el artículo 95 del Código Penal de Puerto Rico indica que ‘[c]uando se cometiere por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima’, la agresión será calificada como grave.

De igual modo, tomando en cuenta las expresiones de Vargas remitidas en Radio Isla 1320 que indican que tras el codazo de Rivera Guerra este fue ingresado al hospital por una cortadura en la boca, el mismo artículo del Código Penal también indica que será. catalogadas como agresión graves las agresiones que ‘infligieren grave daño corporal a la persona agredida’.

‘Tuve que ir a emergencia, él (en referencia a Rivera Guerra) me cortó la boca cuando me agredió.Luego de la entrevista y luego de evaluar todo con fiscalía, pensé que eso se iba a tomar en cuenta’, argumentó Vargas en entrevista radial a la vez que estableció que llegará ‘hasta las últimas consecuencias’ con este caso.

El cargo que persigue presentar el DJ implica que Rivera Guerra podría enfrentar hasta seis meses de cárcel y/o una multa por el hecho. Sin embargo, un cargo grave implicaría más de seis meses de cárcel para el representante y/o multa.

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