El periodista Alex Delgado presentó un recurso legal ante el Tribunal Supremo, precisamente porque se le pide que divulgue el nombre de su fuente.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, radicó una medida para proteger la confidencialidad de la fuente de información periodística, precisamente cuando los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres Figueroa se encuentran en medio de un proceso legal por no divulgar el nombre de un informante.

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La medida busca crear una ley “escudo” (también conocida como “shield law”) con el fin de que un periodista, reportero o medio de comunicación pueda garantizarle a una fuente que su identidad no será revelada dentro de unos parámetros de razonabilidad y, a su vez, impedir que, por la vía legal, un periodista o reportero sea obligado o compelido a revelar sus fuentes de información.

«En cuanto a la libertad de prensa se trata, compeler a un periodista o medio de comunicación a revelar la confidencialidad de las fuentes tiene un efecto paralizante (también conocido como “chilling effect”) que no solo los afecta al momento de decidir si publican una historia o no, sino que también afecta a los posibles confidentes, pues los disuade de brindar información de interés público por temor a represalias y a sanciones ante la falta de garantías de protección a su identidad”, expresó Rodríguez Veve en declaraciones escritas.

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La medida presentada también pretende evitar que un periodista o reportero pueda ser sancionado e, incluso, encarcelado por negarse a revelar sus fuentes. Como remedio se dispone la indemnización de los daños por partida triple, en favor del reportero, periodista o medio, así como de la fuente, en caso de represalias.

Delgado y Torres Figueroa, entonces reportera de la unidad Noticentro Investiga, figuran como codemandados en un recurso por difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres por el contenido de los reportajes publicados en el 2018 sobre una investigación a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por presuntamente cobrar vía ATH Móvil a sus cuentas personales por certificaciones para restablecer el servicio eléctrico a abonados afectados por el paso del huracán María.

De acuerdo con el documento oficial del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el fiscal Torres, a quien originalmente se le había delegado la pesquisa, quedó relevado de la misma, luego de que se conociera que también había pagado por la certificación de la AEE.

El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del fiscal y ordenó que se revele el nombre de la persona que suministró el documento oficial, por lo que Delgado presentó la semana pasada un recurso de “certiorari” en el Tribunal Supremo que solicita se revoque al Tribunal de Apelaciones.

Delgado ha reiterado en un sinnúmero de ocasiones que no divulgará la fuente y que está dispuesto a » asumir las consecuencias» por proteger a su informante.