Se estima que en la Isla residen unas 350,000 personas sin estatus migratorio y 250,000 son de República Dominicana.

En Puerto Rico existen cerca de 350,000 inmigrantes que en su gran mayoría están sin un estatus migratorio, inhibiéndose de los derechos y protecciones que gozan los puertorriqueños. Por eso, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez en conjunto del presidente de la Comisión de Relaciones Federales e Internacionales, Joel Sánchez Ayala, radicaron tres medidas en beneficio de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

Una de las piezas legislativas crearía la Carta de Derechos de la Persona Inmigrante, otra la extensión al derecho al voto a personas con estatus migratorio definido y una tercera busca regular la profesión de gestoría en la Isla para los mismos fines.

Las medidas fueron presentadas junto a la diputada de la Comunidad Dominicana en el Exterior, Adelis Olivares Ortega quien reside en Puerto Rico.

“Hemos tenido un sin número de reuniones donde las comunidades nos han reclamado que se atempere la política pública hacia los residentes en Puerto Rico de otros países. Por eso, estamos legislando un paquete de medidas a favor de la comunidad inmigrante en Puerto Rico”, destacó Hernández Montañez.

La primera medida es el proyecto de la Cámara 1891, que enmienda el Código Electoral para torgarle el derecho al voto en las papeletas de la gobernación, Legislatura y alcaldías.

“Este es para poder extender el derecho al voto en la papeleta gubernamental, Legislativa y las alcaldías. Hay una exclusión por disposición federal que el único funcionario que no va a poder votar a este derecho que vamos a extender es a funcionarios que son federales. En este caso, para el Comisionado Residente. Lo que estamos planteando es que a esas personas se les dará una papeleta especial para que voten especialmente para el Gobernador”, sostuvo el Presidente de la Cámara de Representantes.

Actualmente, hay 13 jurisdicciones en los Estados Unidos que ya tienen este derecho a los inmigrantes.

“Esto no es algo nuevo, es una cuestión de justicia, de deferencia, a personas que llevan años viviendo en Puerto Rico y que para mí ya son boricuas porque llevan 40 a 50 años aquí, ya están retirados, tienen negocio, aportan al FISCO como cualquier otro ciudadano. Sencillamente, han tenido la deferencia de mantener su ciudadanía del país de su origen”, mencionó Hernández Montañez.

Se estima que en Puerto Rico hay unos 100,000 inmigrantes que podrán votar en las próximas elecciones 2024.

Asimismo, el proyecto de la Cámara 1892 crea la Carta de Derechos de la Persona Inmigrante en Puerto Rico para garantizar el acceso a los servicios y recursos del Estado como, por ejemplo: educación, salud, familia, seguridad pública, entre otros.

“Queremos que las personas tengan el mismo acceso que cualquier otro ciudadano, que cuando esta persona llame (para los servicios) no exista una doble vara o un doble servicio”, sostuvo.

El tercer proyecto es el 1893 que establece la Ley para la Profesionalización de la Gestoría y crea un Registro Electrónico de Gestores de Puerto Rico a modo de poder identificar las personas autorizadas para realizar servicios de gestoría sobre asuntos migratorios en la Isla y certificar que el gestor cumpla con ciertos requisitos, como no haber sido convicto por ningún delito.

“Lamentablemente en Puerto Rico se ha dado un sin número de personas inescrupulosas que utilizan la necesidad de la gente que va a comenzar un proceso migratorio y han sido estafados. Queremos regular la profesión, que tenga unos parámetros y que establezca claramente como se va a regir esta profesión en Puerto Rico”, explicó Hernández Montañez.

Además, el presidente cameral informó que se aprobarán dos medidas senatoriales sobre el tema de los inmigrantes. La primera es el Proyecto del Senado 10, que busca que se cumpla la disposición constitucional en cuanto a que “la dignidad del ser humano es inviolable”, y para que se prohíba el discriminen a los inmigrantes en la prestación de servicios de salud y educación.

La segunda medida es el proyecto del Senado 1127, que permite la adquisición de una licencia de conducir y, de paso, otorga una identificación reconocida por el gobierno a los inmigrantes que tienen un número de Seguro Social asignado, pero no tienen un estatus migratorio definido en la Isla.

“La aspiración de la Cámara de Representantes es sensibilizar la política pública hacia los inmigrantes en Puerto Rico”, indicó Hernández Montañez.

Por su parte, la diputada de la Comunidad Dominicana, Adelis Olivares Ortega, celebró la intención de legislar a favor de los inmigrantes para igualar sus derechos.

"Soy dominicana pero esta es mi segunda patria donde nacieron y crecieron nuestros hijos. Es por eso que hemos estamos buscando la manera de legislar a favor de los dominicanos que residen aquí y que muchas veces no son tomados en cuenta por estatus migratorio y que quizás por falta de comunicación no se llega hacer estos enlaces", indicó Olivares Ortega.

De los 350,000 inmigrantes que hay en Puerto Rico, se estima que hay unos 250,000 de República Dominicana. El resto se divide entre Cuba, Panamá, Venezuela, Colombia y España.

La conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio sirvió como preámbulo a la cumbre que celebrará mañana el Cuerpo Consular de Puerto Rico, institución que agrupa a los 32 cónsules que representan a los ciudadanos y empresas extranjeras que aportan más de $3 millones a la economía local.