El proyecto de ley le brindaría a este nuevo funcionario una amplia gama de poderes.

Miembros de la mayoría popular en la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley para crear lo que se conocería como el Departamento del Tesoro de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1902, que podría ser atendido en la presente sesión ordinaria, centralizaría “el poder, control, y administración del dinero” y los recursos del Estado bajo un solo departamento que sería dirigido por el Principal Oficial Financiero del gobierno, puesto que ocupa desde febrero del 2021 el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“Al presente, el control de los recursos del Estado se distribuye con pocos o ningunos linderos claros entre el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Administración de Servicios Generales (ASG) y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF)”, lee la Exposición de Motivos de la medida, que ha sido referida a la Comisión de Hacienda.

El titular del Departamento del Tesoro sería el Secretario del Tesoro y su nombramiento tendría que ser atendido por ambos cuerpos legislativos.

“A partir de la vigencia de esta Ley, cualesquiera facultades que se le reconozcan al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, o a cualquier otro secretario o funcionario de gobierno de la Rama Ejecutiva, sobre la custodia, manejo, control o administración del Tesoro de Puerto Rico y sus recursos, serán transferidas a la Secretaría del Tesoro”, lee el proyecto. Eso incluye, además, el control de los fondos ahora ubicados, por disposición del presupuesto, bajo el control del Secretario de Hacienda.

Igualmente, fondos de los municipios ahora controlados por el Departamento de Hacienda. De hecho, el proyecto crea una Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Dicha oficina sustituiría a la Oficina de Gerencia Municipal, que actualmente está adscrita a la OGP

El proyecto supuestamente logra una “administración centralizada y organizada de los sistemas de contabilidad y manejo de las finanzas de todas las entidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas, de forma que el uso del erario siempre honre el deber y la delegación de poderes que por virtud de nuestro sistema se les han investido”.

Con la medida, se limitaría al Departamento de Hacienda a garantizar los recaudos y a la AAFAF a velar por el cumplimiento del Plan Fiscal,

Con la propuesta, se dejaría en manos del nuevo Departamento del Tesoro el manejo de todas las cuentas en que el gobierno deposite dinero, administraría las finanzas públicas y fomentaría el desarrollo económico. Además, la administración del Código de Incentivos (tarea que ahora recae en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio) y otras leyes de incentivos contributivos, industriales y turísticos.

De aprobarse la medida, la AAFAF se limitaría a certificar que las medidas fiscales cumplen con el plan fiscal y, una vez salga la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) del país, sería el Departamento del Tesoro la única entidad con la autoridad legal para ejercer control, administración o supervisión de todas las entidades gubernamentales.

La medida no deroga la ley orgánica de la AAFAF.

El nuevo Secretario del Tesoro, entre otras cosas, tendría la encomienda de implementar un nuevo sistema de contabilidad centralizado, coordinar con la Administración de Servicios Generales Coordinar (ASG) las medidas necesarias para garantizar el pronto pago a los suplidores y contratistas del Gobierno, velar por el pago de las pensiones de los empleados públicos, publicar los informes actualizados de liquidez, balances bancarios, presupuesto, gasto actual y otra información financiera de las agencias, recopilar toda la información para la preparación de los informes financieros auditados.

“Luego de la aprobación de esta Ley, la Secretaría del Tesoro, como Principal Oficial Financiero, deberá someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un plan detallado y comprensivo sobre las medidas que tomará para asegurarse de que los estados financieros auditados se entregarán a tiempo. Este plan deberá incluir las fechas específicas en las cuales las diferentes etapas del proceso se cumplirán”, lee el proyecto.

La medida autoriza al Primer Ejecutivo a firmar una Orden Ejecutiva en que le delegaría, si así lo deseara, al Secretario del Tesoro, cualquier facultad que ahora corresponde al director de la OGP, el secretario de Hacienda, el director de la AAFAF o cualquier otro secretario del gobierno. La Orden Ejecutiva sí necesitaría el aval de la Legislatura para que entre en vigor.