Al sufrir enmiendas, deberá regresar a la Cámara de Representantes. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se opone a la medida al chocar con el Plan de Ajuste de la Deuda.

El Senado aprobó a viva voz y con múltiples enmiendas en sala la medida que, si se convirtiera en ley, implicaría un aumento a las pensiones de los empleados públicos.

Tras incluirse las enmiendas en sala, la medida debe ser devuelta a la Cámara de Representantes para que concurran con los cambios o para que sea enviada a Comité de Conferencia.

La Asamblea Legislativa tiene hasta el próximo martes para aprobar las medidas en ambos cuerpos legislativas y el cierre de sesión será el 30 de junio.

El Proyecto de la Cámara 2038 fue bajado vía descargue y no fue discutido en el hemiciclo.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal serán utilizados para cubrir un propuesto aumento, en un promedio de $300 mensuales, de las pensiones de 160,000 jubilados en Puerto Rico.

Este aumento, que costaría $194 millones al fisco en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primero aumento fijo al COLA, no aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se opone a la medida.

“En particular, el párrafo 62 de la Orden de Confirmación dictada por el Tribunal de Título III específicamente prohíbe al Gobierno por un periodo de diez años desde la Fecha de Efectividad (o hasta par lo menos el 15 de marzo de 2032); (1) implementar legislación existente y aprobar nueva legislación que cree o aumente los pagos y obligaciones de beneficios definidos a retirados independientemente de la fuente de repago; y (2) deshacer (total o parcialmente) las eliminaciones de acumulación de pensiones o los ajustes par costo de vida para empleados de Gobierno”, lee parte de la ponencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entidad encargada, entre otras cosas, de añadirle contexto de responsabilidad fiscal a proyectos como este.

“La Autoridad de Asesora Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda no avalan la medida según radicada. Aunque entienden la intensión loable del proyecto, AAFAF y Hacienda consideran que aún contiene interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a la implementación del proyecto por su inconsistencia con el Plan Fiscal. Puntualizan que el Proyecto “contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de Confirmación, por lo que existe un impedimento legal para su implementación”, lee el informe positivo.

De acuerdo a la medida, su impacto sería efectivo desde el 1 de julio de 2024, cuando se propone que se aumentaría en un 10% todas las anualidades de los pensionados de los Sistemas de Retiro, por mérito, edad y años de servicio o incapacidad y que estén vigentes a esa fecha.

El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este cómputo será de hasta $3,000. El pago se pagará bajo el sistema de ‘Pay As You Go’ del Fondo General, un plan de pensiones muy similar al 401k.

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