Thomas Rivera Schatz respondió de inmediato e hizo hincapié en que el Senado decide quienes podrán declarar en vistas públicas.

Un grupo representativo de la Federación LGBTQ+ señaló hoy, miércoles, en un aparte con la prensa, que se les prohibió la oportunidad de deponer sobre el Proyecto del Senado 1 sobre la libertad de religiosa. Según se explicó, la Comisión conocía de antemano la oposición de la federación a este proyecto de ley.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos convocó la primera vista pública para que diferentes sectores ofrecieran sus respectivas posturas sobre la medida legislativa.

El Proyecto del Senado 1, en síntesis, busca establecer la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico» enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. La intención es que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Por tanto, la ley cobijaría a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios del estado, así como estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza además de pacientes en cualquier institución médico hospitalaria y para adultos mayores, público o privado.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

De aprobarse la medida, se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

“Nos negaron la posibilidad y el espacio de poder deponer en las vistas públicas después de haber solicitado, según los parámetros y criterios que este mismo Senado y su comisión correspondiente asignan. Que no estaríamos siendo considerados para un turno en el día de hoy. Esta no es la primera vez que un proyecto de ley como este se ha presentado ante la legislatura del país. En efecto es la quinta vez, y las primeras cuatro, este proyecto de ley, por la peligrosidad jurídica y social que tiene para nuestra isla, no le ha servido al pueblo de Puerto Rico y las primeras cuatro veces no le sirvió y esta quinta tampoco”, expresó Juan F Caraballo Resto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, miembro del comité de asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

“La libertad religiosa en Puerto Rico ya está protegida tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado como por la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y nos parece que el que a una federación como esta se le cierre la posibilidad de, al menos, plantear en vistas públicas sus consideraciones, es signo de lo que este tipo de proyecto de ley ya propone, que es la exclusión, es la discriminación”, añadió.

Por su parte, Pedro de Jesús, de las Iglesias de Puertas Abiertas sostuvo que la medida legislativa “es tan y tan mala que les va a permitir a ellos mismos discriminarse unos contra otros, porque va a ser en base a las creencias”.

“El proyecto es tan malo que es como ellos mismos tirarse una bala en el mismo pie de ellos. Creo que a esta altura Puerto Rico no necesita que las iglesias estén haciendo todo este circo porque aquí lo más que hay son iglesias, porque ellos tienen unas creencias sobre la homosexualidad, que realmente es el tema que los trae aquí a ellos. No se crean que es otra cosa. Puerto Rico ya está cansado de ver a las iglesias haciendo este circo que están haciendo y al partido que tenemos de turno ahora siguiéndole el juego a todas estas iglesias, porque le deben por los votos que le prestaron para ganar”, indicó.

El pastor Jorge González Medrano, quien representa la Iglesia Cristo Sanador expresó que los espacios de fe son diversos y que aprobar este proyecto genera “un ping-pong de discrimen de lado a lado”.

La Federación hizo hincapié que el pasado 13 de enero, día de la sesión inaugural de esta Asamblea Legislativa, la Federación hizo una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio exigiendo vistas públicas. Sin embargo, no se les permitió deponer cuando han solicitado turnos para participar.

Al momento que le tocó deponer al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que ampliamente ha rechazado la medida, solicitó que se le brindara la oportunidad a la Federación, así como a otras organizaciones.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respondió de inmediato haciendo hincapié que el Alto Cuerpo decide quienes podrán deponer en vistas públicas.

«Le voy a responder de inmediato. Aquí sabemos lo que nos toca hacer. El pueblo a nosotros nos eligió y por eso estamos aquí. Así que el Senado de Puerto Rico sabe lo que le toca hacer y lo va hacer. La participación en vista pública es un criterio que le corresponde al Senado decidir quién participa y quién no, pero todas las organizaciones que quieran emitir una ponencia o que quieran hacer llegar comentarios, son bienvenidas. Para que le quede claro a todo el mundo», puntualizó el líder senatorial.