Una medida legislativa busca investigar los procesos de verificación de antecedentes penales establecidos en la Ley 300-1999 y la Ley 224-2015.

La presidenta de la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (Asocuida), Virmette Maldonado García, propuso modificar el ciclo de verificación de antecedentes penales bajo la Ley 300, extendiendo su período de renovación a cinco años y adoptando un sistema automatizado de alertas al patrono.

“El proceso de verificación de antecedentes implementado el año pasado ha sido un dolor de cabeza para los solicitantes. Como entidad sin fines de lucro que representa a más de 350 Centros de Cuidado Infantil, apoyamos las iniciativas del Estado para reducir la burocracia y garantizar que la intención legislativa de la Ley 300 se cumpla en la práctica y no solo en teoría”, señaló Maldonado García.

Según explicó, la propuesta de Asocuida busca establecer un ciclo de renovación de cinco años, complementado con un sistema de alertas automáticas para nuevos arrestos o condenas. “Además, las comandancias de la Policía emiten certificaciones de antecedentes penales que pueden utilizarse para cumplir con los requisitos de verificación anual”, agregó.

Impacto en la seguridad y contratación de personal

Maldonado García enfatizó que, si bien la verificación de antecedentes es esencial para proteger a los menores en centros de cuidado, los retrasos actuales en el proceso afectan directamente la contratación de personal, comprometiendo la disponibilidad de profesionales capacitados y el acceso a servicios esenciales.

A nivel federal, el Child Care and Development Fund (CCDF) exige verificaciones de antecedentes para proveedores de cuidado infantil, pero no establece un intervalo específico, dejando esta decisión a los estados.

“En jurisdicciones como California, la revisión de antecedentes se realiza cada dos años, mientras que Texas adopta un ciclo de cinco años. Esto demuestra que un período de cinco años es una práctica aceptada que equilibra seguridad y eficiencia”, detalló la presidenta de Asocuida.

Senado evaluará los procesos de verificación

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico evaluará la propuesta en el marco de la Resolución del Senado 24 (R. del S. 24), presentada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez. Esta medida busca investigar los procesos de verificación de antecedentes penales establecidos en la Ley 300-1999 y la Ley 224-2015, que regulan la protección de poblaciones vulnerables en la isla.

“La intención de la Ley 300-1999 es evitar que personas con antecedentes delictivos accedan a trabajar con menores y poblaciones vulnerables. Sin embargo, la burocracia y la falta de un proceso eficiente están afectando el cumplimiento de su propósito”, puntualizó Maldonado García.