Luego de que en redes sociales circulara un documento con alegaciones sobre un supuesto incidente de violencia de género en su contra.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, regresó hoy al Capitolio y tomó asiento en la segunda sesión ordinaria del Senado, tras varias semanas ausente de la esfera pública —ausencia que se remonta a días previos a la asamblea de su colectividad.

La legisladora no hizo expresiones a la prensa al entrar al hemiciclo ni abordó los señalamientos que han circulado recientemente.

El regreso ocurre en el contexto de la difusión de un documento que circula en redes sociales con alegaciones sobre un supuesto incidente de violencia de género en su contra. Previamente, la senadora solicitó a la Policía de Puerto Rico una investigación sobre la procedencia y filtración del documento, que —según planteó— provendría de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y debió manejarse bajo confidencialidad.

En su petición, presentada el viernes a las 9:43 de la noche según consta en el escrito radicado en el cuartel y atendido por el agente Joel Berenguer Cruz, Rodríguez Veve indicó: “Solicito a la Policía de Puerto Rico llevar a cabo una investigación sobre la procedencia y filtración del documento anónimo proveniente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y circulada en redes, cuyas alegaciones debieron ser de carácter confidencial…”. Añadió que “alterar documentos oficiales y divulgar información confidencial es un delito”, por lo que reclamó la pesquisa correspondiente. En esa gestión, no negó haber sido víctima de violencia de género.

Aunque en el Senado no ofreció declaraciones, más temprano Rodríguez Veve sí se expresó en su página de Facebook, donde reaccionó al anuncio de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre la cancelación del contrato de inspección de furgones en los puertos. La legisladora recordó que desde mayo había denunciado la extensión de ese contrato hasta 2041 sin subasta y con cláusulas que, según señaló, eran perjudiciales para el país.

“Desde esta oficina denunciamos que ese contrato había sido objeto de importantes señalamientos, incluyendo uno de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que indicó que contenía cláusulas leóninas… Específicamente, una que establecía que la compañía iba a cobrar el 100% de la inspección de furgones, aunque no inspeccionara todos los furgones. Eso evidentemente no tiene ningún sentido”, expresó la senadora.

Rodríguez Veve añadió que el contrato representaba un gasto anual de unos 20 millones de dólares, lo que impactaba directamente a los comerciantes y encarecía el costo de los productos para los consumidores.

A su vez, la senadora reconoció que la decisión de la gobernadora de cancelarlo fue en la dirección correcta, aunque advirtió que será necesario evaluar cualquier nuevo sistema que se implemente en los puertos para garantizar la seguridad de la mercancía que entra al país.

Con su reaparición en el hemiciclo, Rodríguez Veve retoma visibilidad institucional, aunque mantiene silencio público sobre las alegaciones que motivaron su petición de investigación a la Policía.

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