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Legislatura

Equipo fiscal del Gobierno favorece moratoria en la “crudita”

Respaldan la medida de Administración, que propone la eliminación del arbitrio a la gasolina y al diesel por 45 días.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes atendió goy varias medidas dirigidas a permitir una moratoria al impuesto al combustible.
Foto: Archivo

El Componente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico endosó hoy la medida de Administración que propone la eliminación del arbitrio sobre la gasolina y el diesel por 45 días y que establece una fuente de ingresos que sustituiría los recursos que pierda el estado por esta suspensión temporera.

El apoyo se ofreció en una ponencia conjunta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda.

“Luego de un análisis sosegado de las medidas, somos del respetuoso criterio que, dadas las varianzas positivas en los recaudos de Hacienda, es posible que el impacto de la puesta en vigor del PC 1297 sea realmente neutral con respecto a los recaudos estimados por el Plan Fiscal”, sostiene el mencionado documento

“No obstante, el PC 1297 además autoriza a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a declarar un dividendo extraordinario antes del 15 de junio de 2022 por una cantidad de cincuenta millones ($50,000.000) de dóIares, sujeto a la imposición de una contribución especial y única de cincuenta por ciento (50%) para beneficio de Hacienda como medida para contemplar la fuente de repago de la suspension de la 'crudita'", agrega.

El componente fiscal estableció a través de su presentación que los ingresos que está recibiendo el Departamento de Hacienda son más que suficientes para cubrir el impacto de esa medida.

Señalan que el último informe que publica AAFAF sobre flujo de efectivo semanal de la Cuenta del Secretario de Hacienda, y que corresponde al pasado 18 de marzo, concluye que para esa fecha los ingresos del Gobierno de Puerto Rico estaban un 21% por encima de las estimaciones.

“Es decir, para la semana del 18 de marzo de 2022. el Gobierno de Puerto Rico registró recaudos por $7,295,000,000, mientras que se estimaba que para este entonces solamente hubiese recaudado $6,054,000,000. Vemos pues. que el Fondo General cuenta con una varianza positiva de $1.241.000,000”, indican.

Agregan, que “consistente con lo anterior. el lmpuesto de Ventas y Uso (IVU) también muestra un desempeño positivo. Según el lnforme semanal, el IVU ha registrado ingresos por $1,730,000,000, mientras que se estimaban recaudos por dicho concepto equivalentes a $1,505,000,000. En ese sentido, el desempeño del tributo conlleva una varianza positiva de $225 millones de dóIares o un 15% del estimado al 18 de marzo de 2022”.

A lo anterior agregaron que el referido proyecto establece el Dividendo Extraordinario y Pago Especial, de la Asociación de Suscripción Conjunta y que los recaudos obtenidos a través de esa contribución especial “no serán considerados como parte del cómputo de ninguna de las fórmulas existentes para el cálculo de asignaciones presupuestarias a ser consignadas coma parte del proceso presupuestario constitucional”.

El subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja, que compareció en representación de esa agencia, indicó que el impacto fiscal en las arcas del gobierno del proyecto de Ley será de $44 millones mensuales . No rechazó que se amplíe el periodo de la moratoria, aunque reconoció que un “buen punto de partida”.

Aseguró, por otro lado, que la reserva de capital de la Asociación cuenta con las finanzas necesarias para realizar la declaración de dividendo extraordinario, según la información que recibida de parte del designado comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

“Es una acción que se ha tomado en el pasado… A base de las conversaciones preliminares, y viendo cómo está la reserva de capital a la fecha de hoy, no debe haber reparo con que esa declaración se ejecute y podamos tener esa fuente de repago”, afirmó.

Apoyó una propuesta para que sea el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el ente fiscalizador de la suspensión del arbitrio.