La funcionaria desestimó ante la Comisión de Nombramientos del alto cuerpo que no haber ejercido como abogada de familia desde 2014 afecte su desempeño en la agencia, de la que advirtió sobre la grave escasez de personal.

La abogada Nicole Martínez Martínez descartó que el hecho de no ejercer desde 2014 como abogada de familia afecte su desempeño como administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

La administradora designada compareció ante la Comisión de Nombramientos del Senado ante la que también dio detalles sobre el funcionamiento de la agencia, las carencias y necesidades.

En cuanto su experiencia consideró que no debe afectar su desempeño el hecho de que no haya ejercido como abogada de familia desde 2014 y dijo que en casos de alimentos aseguró que sí se manejaba, ya que había trabajado en ello cuando laboró en el bufete González Milán, donde afirmó que había «litigado» ante examinadores y jueces sobre pensiones alimenticias.

Nacida en 1982 en Wiesbaden, Alemania, la funcionaria dijo a los senadores presentes que la ASUME debe mejorar en temas como la “información a la comunidad, la atención directa a la ciudadanía y que no debemos ver el tema de los alimentos como una acción punitiva”.

“La ASUME presenta varios retos, en el área de recursos humanos, finanzas, tecnología y en su área programática, los que estamos atendiendo con esmero y dedicación”, sostuvo.

Detalló que el “área de recursos humanos ha experimentado una reducción considerable de la plantilla de trabajo. Esta se ha reducido en más de la mitad desde el año 2004 al presente, contando con 369 empleados activos para cumplir los deberes y responsabilidades de la ASUME. De estos, 148 son especialistas de pensiones alimentarias, en otras palabras, manejadores de casos. Estos especialistas o manejadores son los encargados de localizar, citar, establecer, modificar y actualizar expedientes entre otras tareas en 174,761 casos activos que tenemos en la actualidad”.

Para Martínez, “nuestra carencia de personal no solo la vemos en los manejadores de casos que se encuentran a través de las diez regiones y 28 locales que tiene la ASUME, sino que también la observamos en el área administrativa en la cual, a manera de ejemplo, contamos con solo dos empleados en la Oficina de Presupuesto”.

“Como parte de las necesidades que hemos identificado en el área de recursos humanos, es imperativo brindar adiestramientos a los especialistas de pensiones Alimentarias en materia de derecho de alimentos, otorgándole así las herramientas a la hora de establecer pensiones alimentarias, así como la adecuada interpretación en planteamientos de derecho traídos a su consideración”, añadió.

Informó, además, que “en ánimos de apoyar los servicios brindados hemos firmado acuerdos colaborativos con 17 municipios para el establecimiento de kioscos en los cuales se pueda acceder a certificaciones de cumplimiento, certificaciones de deuda, cupones de pago e historial de pago y con esto lograr mas acceso a la ciudadanía”.

En el área financiera y presupuestaria, indicó que en junio de 2021 el gobierno federal “informó a la ASUME de la posible imposición de penalidades y la devolución de $4 millones de dolares por la utilización de fondos provenientes de incentivos para gastos operacionales, así como por no cumplir con el mínimo requerido de $8.5 millones en asignación presupuestaria en fondos estatales. Esto conllevó una ardua tarea y muchas horas de trabajo para conseguir que la Junta de Supervisión Fiscal comprendiera la gravedad de la situación y la autorización de una asignación de fondos adicionales de $6.2 millones para lograr cumplir con el mínimo requerido o ‘baseline’ ($8.5) para el año fiscal 2021-2022 y de esta manera no perder $4 millones en incentivos federales”.

La administradora señaló que “como resultado de esta situación estamos trabajando en el establecimiento de manuales de procedimientos y controles financieros para una adecuada utilización de los fondos asignados, en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes”.

En el área de tecnología contó que la ASUME cuenta con un sistema de base de datos que data del año 1995.

“Aunque el mismo se encuentra operacional, ya que ha recibido actualizaciones y aplicativos que complementan su operación, estamos evaluando múltiples sistemas y opciones de modernización para comenzar con la transición a un sistema que sea adecuado y apto para atender las necesidades de Puerto Rico. Este proyecto se estima que pueda tomar alrededor de tres a cinco años su implementación y operación, a un costo aproximado de $60 millones de dólares”, informó.

Estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), donde obtuvo un Bachillerato en Sistemas de Justicia en el año 2004, en 2005 Martínez ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Ponce donde logró un Juris Doctor y fue admitida para ejercer la profesión del Derecho en febrero de 2009.

Comenzó su experiencia laboral en el bufete González Milán en 2009, después fue asesora legal en la Oficina de Asuntos a la Juventud y luego se desempeñó como abogada en el municipio de Guaynabo desde 2014 hasta 2021.

“El 10 de agosto de 2021 comencé como asesora legal de la Administración para el Sustento de Menores y e1 16 de junio de 2022 fui nombrada subadministradora de la Administración, fungiendo como Administradora Interina por disposición ley hasta el 15 de agosto del corriente cuando e1 gobernador me extiende su confianza y realiza el nombramiento que tienen ante su consideración”, manifestó.