El informe preparado en la Oficina del Contralor cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela deficiencias relacionadas con la solicitud, adquisición y recibo de bienes y servicios mediante órdenes de compra. De la muestra examinada, el 15% incluía cotizaciones recibidas antes de elaborar los formularios de Requisición de Materiales, y en el 5% de las órdenes de compra, la Superintendencia obligó los fondos 52 días después de recibir los servicios.

Estas situaciones contrarias al Reglamento de Compras de 2014, puede afectar la transparencia en los procesos ya que no promueve la competencia abierta y justa entre proveedores.

Además, en el 45% de las órdenes de compra, se prepararon los formularios de Informe de Recibo e Inspección, hasta 63 días después de la fecha de facturación, y en el 5% se recibieron bienes distintos a los solicitados. Los auditores detectaron también que el 10% de las facturas presentadas por dos proveedores, no incluyeron la certificación requerida por el Código de Ética de los Contratistas.

Estas deficiencias propiciaron que la Superintendencia no llevara a cabo un control adecuado de las compras. De este modo, la Superintendencia tampoco contaba con las certificaciones que garantizan que ninguno de sus empleados tiene interés alguno en las ganancias producto de la compra.

La auditoría de tres hallazgos señala que la Superintendencia no puede ejercer un control adecuado de los bienes adquiridos para otras entidades de la Asamblea Legislativa, ya que las Normas sobre el Presupuesto y el Reglamento de Propiedad, carecen de disposiciones al respecto. Por ejemplo, al 1 de marzo de 2024, la Superintendencia tenía una cuenta por cobrar de otra entidad por $20,000 registrada en sus libros desde el 7 de diciembre de 2020. La ausencia de normas reglamentarias propicia que la Superintendencia no realice gestiones de cobro adecuadas.

El informe indica que 10 empleados ejercían funciones conflictivas de receptores en el módulo de Compras y Requisiciones con el acceso a los documentos del proceso de compras. Este hecho, contrario al Reglamento de Administración y Uso de los Sistemas, propicia que se cometan errores o irregularidades.

El presupuesto de la Superintendencia fue de $167.8 millones del 2017 al 2024, y había realizado desembolsos por $147.7 millones al 30 de junio de 2024.

La auditoría le recomienda a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes que tomen las medidas necesarias para asegurarse que el superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones del informe y que la situaciones no se repitan.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.