El cuerpo se enfrenta a la Junta de Supervisión Fiscal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó este miércoles que el cuerpo que preside evaluará y derrotará en la sesión de esta tarde la medida enviada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para asignar $750 millones del Fondo General para los costos operacionales de LUMA Energy.

Aseguró también que el cuerpo acudirá al tribunal si la Junta -como ya ha señalado- aprueba esa transacción al amparo de los poderes que le concede la Ley federal Promesa.

Actualmente LUMA se encuentra en un proceso de transición, que inició hace 10 meses. Según pactado, el operador privado debe asumir la operación del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica del País el 1 de junio.

Las expresiones del Presidente Cameral ocurren luego de que ayer el caucus del Partido Popular Democrático en la Cámara Baja dio un ultimátum a la Junta para iniciar un proceso de negociación, que culminara con enmiendas al polémico contrato.

Esa acción de la Cámara surgió en respuesta a unas cartas que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, envió a Hernández Montañez reclamando la aprobación de la medida.

Ayer, luego de una reunión a última hora con algunos miembros de la Junta, el Presidente Cameral indicó que Jaresko actuó de manera unilateral y sin el consentimiento de los miembros del ente fiscal.

Pero en el intercambio de anoche, según contó el propio Hernández Montañez, los miembros de la JSF le informaron que no aplazaran el inicio del contrato y la transición, ni enmendarán el contrato de LUMA. Tampoco desautorizaron las acciones de Jaresko, que en varias reuniones ordinarias del ente federal ha informado sobre los adelantos en el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de una reforma energética en la Isla.

“No estamos aceptando la decisión de la Junta”, afirmó.

“El Gobierno está decidiendo no modificar un contrato para darle $750 millones a una empresa privada. Con esos $750 millones hubiéramos negociado la deuda y no teníamos que estar en la quiebra”, agregó.

Ante el planteamiento de Jaresko y del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de que alterar el contrato de forma unilateral es inconstitucional, Hernández Montañez planteó que “también es inconstitucional menoscabar los contratos con los trabajadores”.