La información fue divulgada en la vista pública de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes.

Los casos de agresiones sexuales pueden tardar años en resolverse y no solo por lo complejo que son, sino por la falta de recursos. Por ejemplo, en el área policíaca de Caguas, que atiende cuatro municipios, hay 118 querellas en total reportadas este año y solo cuatro agentes para atenderlas.

“Muchas veces son querellas de años y cuando un agente trabaja en este caso, tiene que reconstruir todo y buscar las pruebas. Muchas veces el menor no quiere declarar y tenemos que esperar que las agencias pertinentes puedan evaluar psicológicamente al menor y nos dé la validación del caso y someterlo ante Departamento de Justicia, y que el fiscal que nos asignen determine la radicación o no”, expuso la teniente Simara Torres, del Negociado de la Policía (NPPR) del área de Caguas.

Cada agente tiene de 20 a 30 querellas por investigar, divididas entre seis pueblos y dos vehículos oficiales que son para el uso de los cuatro agentes, una sargento y la teniente.

“Es bien difícil”, confesó la teniente en la vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

A nivel estatal, según la teniente Maribel Maldonado, también del NPPR, en lo que va de año se reportaron 226 incidentes de maltrato de menores, como también, 119 de agresión sexual, 455 actos lascivos y 147 violaciones en la población general.

“Hay 226 de querellas recibidas al NPPR (de maltrato de menores), pero solo 119 han sido esclarecidas”, señaló Maldonado.

La teniente Maldonado también indicó que no llegan ni a 100 los empleados encargados de la División de Maltrato de Menores y Delito de Sexuales.

“Como todas las agencias tenemos una necesidad de recursos humanos. En la Policía no trabajamos como con vacantes en específico, pero sí tenemos un cúmulo de casos y unos agentes. Se necesita mayor recurso humano, como todas las dependencias”, indicó Maldonado.

Esta discusión se llevo a cabo en la vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz, en la cual se discutía la Resolución de la Cámara 197, que busca evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional del Departamento de la Familia, así como la calidad de los servicios que estos le brindan a la ciudadanía con el propósito de identificar alternativas y presentar recomendaciones que produzcan un mejoramiento gubernamental, en relación a los casos de maltrato de menores y violaciones sexuales reportados.

“Este es un tema que todavía hay muchos asuntos que debemos mirar. Con la información solicitada a varias agencias gubernamentales, estoy seguro que seguirán surgiendo más preguntas respecto a este asunto, que para mi es de prioridad”, culminó Ortiz González, quien también es autor de la medida.

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