La senadora Joanne Rodríguez Veve, quien preside la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, advirtió que hará "todas las gestiones" y apelará a sus "facultades en ley" para que se presenten.

Las cuatro clínicas abortivas que operan en Puerto Rico se ausentaron hoy de una audiencia pública de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve.

La comisión evalúa el proyecto del Senado 495 para establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de 18 años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.

En el segundo día de audiencias públicas, Rodríguez Veve fue informada que no habría presencia de representantes de las clínicas Darlington Medical Associates, ELLA- Profamilias, Centro de Planificación Familiar y Womens Medical Pavillion.

Ante está situación, la legisladora consignó que las cuatro clínicas "habían sido citadas y esta era ya la segunda ocasión. Ninguna se excusó de comparecer (aunque se leyó una declaración de Womens Medical Pavillion señalando que no tenía representantes en la Isla)".

Rodríguez Veve adelantó que debido a la ausencia de portavoces de estos centros de aborto "no son excusados y esta comisión hará todas las gestiones y usará sus facultades en ley para que contesten las preguntas inherentes que sean necesario hacerles".

En tanto, la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos sostuvo que el proyecto del Senado 495 es inconstitucional "porque persigue limitar el acceso al aborto a menores de edad, pretendiéndose cobijarse en una visión proteccionista que en base a nuestra experiencia es errónea".

"Aún si obviamos el derecho constitucional al aborto y la casuística vigente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la edad de consentimiento tiene que ser tratada de una manera distinta cuando se trata de derechos reproductivos, cosa que está decidida por los foros judiciales”, señaló Yari Vale, portavoz del grupo.

En una conferencia de prensa citada para presentar la posición de la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos en respuesta a la no comparecencia a la audiencia pública en el Senado, se informó que dicha entidad preparó una ponencia que presenta la posición de la agrupación, "la cual fue entregada en la mañana de hoy a los miembros de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, a la oficina del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, al portavoz de la mayoría y a la prensa del país.

Vale indicó que “es importante señalar que el estado estableció una ley para garantizar el acceso a menores de edad a cuidado pre y post natal, mediante la Ley de Servicios Médicos para la Mujer Embarazada. A estos efectos, la exposición de motivos de esta ley hace un resumen de todas las leyes especiales en las cuales se ha suplementado la edad para consentir a distintos tipos de tratamientos y procedimientos médicos, tales como servicios de psicoterapia, donación de sangre y recibir tratamiento para enfermedades de transmisión sexual".

Opinó que "podemos concluir que, aunque el código civil de Puerto Rico establece la mayoría de edad como 21 años para poder consentir, y solo un mayor de edad puede consentir tratamiento médico, existen excepciones en los casos de derecho reproductivos en los cuales se reconoce el derecho al aborto a menores de edad, asunto que está definido y respaldado por decisiones en los tribunales".

Para la vocera, "los tiempos han cambiado y estamos en una era de comunicación absoluta, donde adultos, jóvenes y menores tienen acceso fácil a información médica y legal. Los protocolos establecidos en nuestras Clínicas son estrictos, efectivos, sobre todo, se procura establecer buena comunicación con la persona o personas que acuden en busca de nuestros servicios. El mero hecho de que una persona entre a nuestras facilidades no representa que a su salida se le haya practicado un procedimiento para la terminación de un embarazo. Todos sabemos que existe un protocolo rígido para asegurarnos no solamente de la capacidad decisional de la paciente, si no también lo que es más importante, su condición de su salud”.

En la audiencia pública de hoy se presentó Alberto de la Vega Pujols, catedrático asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la UPR, quien opinó que la medida atrasaría "el manejo médico, ya sea de terminación o de continuar con el embarazo. Pone al adolescente en la potencial situación de que no pueda accesar al servicio medico. Y si es terminación, hay un peligro que se haga bajo condiciones médicamente peligrosas porque se hace más tarde. No hay ventaja médica demostrable de exigir un permiso a un padre de una muchacha de 16 y 17 años y, eventualmente, no le permite acceso a unos servicios médicos que podría tener disponible".

El catedrático indicó que estados de Estados Unidos "han adoptado leyes que previenen a los menores de 18 años de obtener una terminación de embarazo a menos que envuelva a un padre o vayan a corte. Aunque todos quisiéramos que los jóvenes puedan contar con sus padres ante una situación como esta y, de hecho, la mayoría lo hacen, las leyes que impiden a los jóvenes obtener cuidado médico sin el permiso de sus padres, ponen su salud en riesgo y no mejoran la comunicación familiar".

Alerto que la medida, de convertirse en ley, "podría prevenir a muchos jóvenes de obtener terminaciones de embarazos, aumentando el riesgo de sufrimiento mental, físico, emocional, educacional, económico y social que conlleva un embarazo de adolescente".

También consignó que la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Pediatría, la Sociedad de Medicina de Adolescente, el Colegio de Obstetras y Ginecólgos de América, la Asociación de Salud Pública Americana y la Unión Americana de Libertades Civiles se oponen a las leyes que exigen el permiso de un padre en la decisión de terminar un embarazo.

Según se informó en la audiencia pública, en los años 2021 y 2022 se reportaron 568 casos de aborto de menores de 18 años en las clínicas que operan en el país.

Mientras, en el Hospital Universitario se han atendido 2 casos en los pasados 4 años.