Tal como se esperaba, tanto la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas afirmaron que la derogación de la Ley 80, que protege contra los despidos injustificados, crearía más empleos y haría de Puerto Rico una jurisdicción más competitiva.

Sin embargo, las entidades fallaron en especificar cómo la eliminación del estatuto beneficiaría al incremento de empleos y cuánto dinero desembolsan los comercios a causa de litigios por ese estatuto.

Las organizaciones del sector privado depusieron ante la Cámara de Representantes, ente legislativo que considera el Proyecto 1634 por petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para eliminar la Ley 80, que está vigente desde el 1976.

'Tal vez no tenemos ese número preciso, pero los miembros de nuestra Asociación vemos litigios todos los días de casos', aseguró el abogado Carlos R. Paula, quien suplantó al presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses.

Similar a Paula contestaron David Rodríguez, en lugar de la Cámara Comercio, y Nelson Ramírez, por el Centro Unido de Detallistas, quienes se limitaron a decir que los litigios eran confidenciales.

En cambio, se centraron en que Puerto Rico cuenta con leyes laborales restrictivas que lo colocan en una posición desventajada ante los Estados Unidos y países del Caribe. Como ejemplo, citaron a la compañía aerea Lufthansa Technik, que se asentó en Puerto Rico con la preferencia de eliminar medidas similares a la Ley 80.

'[Derogar] medidas como esta podrían propiciar que podamos atraer más inversión extranjera, ayudar a los empresarios locales a crear empleos, y permitir que miles de puertorriqueños puedan conseguir insertarse en la fuerza laboral', señaló Paula.

Los expertos respondían a preguntas del representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, quien insistió que le demostraran datos que justifiquen la derogación de la ley o si la JCF les solicitó la presentación de esos números.

'Una vez más, la Junta de Control Fiscal no le preguntó a los 'players' cuántos empleos se van a crear con la derogación de la Ley 80. Estamos de nuevo en el aire, y no el de Lufthansa. Uno pensaría que en 40 años los 'players' hayan recopilado los datos. No hay data histórica. No la tienen, no la hay porque no les ha sido importante', exclamó Vega Ramos durante la segunda vista pública en este cuerpo legislativo.

Ramírez, por su parte, recalcó que la Ley 80 perjudica a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) más que a cualquier otro sector, lo cual limita el crecimiento empresarial.

Entretanto, la Cámara de Comercio, mencionó una serie de estudios que abordaban la perdida de 21,600 empleos en el sector privado en un año, y la tasa de participación laboral local de 40%, mucho menor a la de Estados Unidos, fijada en un 62.7%.

No daría paso a avalancha de despidos

Durante la vista pública, las entidades presentes negaron que la derogación de la Ley 80 daría paso a la cesantía masiva de trabajadores de mayor tiempo y experiencia en las empresas para abaratar costos de operación.

'Aquí están los jugadores a los que les aplica la Ley 80. Estamos hablando de más de 60 mil personas representadas. Nos acaban de decir que la Ley 80 no es la puerta para botar a los empleados que llevan veinte y pico de años. Lo que se comenta en la calle es una bola de humo para los detractores de la Ley 80. ¿Estoy en lo correcto?', preguntó el representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro Suárez, quien presidió los trabajos.

A esto, Paula respondió en la afirmativa.

'Yo no conozco un solo miembro de la Asociación [de Industriales] que haya dicho o expresado que tan pronto deroguen la Ley 80 vaya a despedir a los empleados de mayor experiencia', señaló Paula.

Paula insistió en que los empleados con más tiempo en las compañías son aquellos que han demostrado mayor dominio y conocimiento de los tareas rutinarias.

'Todos sabemos que un empleado es uno de los mayores activos de una empresa, en especial empresas que preparan productos. Sin un empleado diestro y conocedor, no va a ser el mismo efecto. Siendo los miembros de nuestra asociación de negocios, a mi me resulta difícil aceptar que van a venir a despedir a sus empleados', afirmó el abogado.

La respuesta de Paula fue replicada por los demás deponentes ante cuestionamientos de Navarro Suárez y su correligionario Víctor Pares Otero.

'Cada empleado representa una inversión de tiempo en adiestramiento y conocimiento adquirido. Por lo que no resulta en un beneficio de por sí despedir empleados que además quedan cobijados por despidos discriminatorios, violaciones a los terminos de convenios colectivos, hostigamiento, y protecciones contra represalias, entre otros, según plantea la medida', declaró Rodríguez, en representación de la Cámara de Comercio.

A cuestionamientos de los legisladores, las figuras no pudieron precisar tampoco cuántas personas de la matrícula que representan están albergadas bajo uniones o convenios colectivos.

Contrario al Senado, que aprobó la derogación de la Ley 80 de manera prospectiva, la Cámara de Representantes evalúa darle paso a la medida sin enmiendas o rechazarla en su totalidad.

La manera en que el Senado le votó a favor representó un reto al acuerdo al que llegó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con la JCF.