Un analista radial y miembros del equipo de Proyecto Dignidad también aparecen con acuerdos en la Cámara Alta.

El presidente del Senado, José L. Dalmau, aseguró que todavía estaba inmerso en la transición y “configuración” de la administración del cuerpo, pero la Cámara Alta tiene más contratos registrados en la Oficina del Contralor que la Cámara Baja o cualquier otra dependencia legislativa.

Los acuerdos de prensa y relaciones públicas son la categoría principal de contratos ya registrados, entre los cuales resalta el del asesor de comunicaciones de Dalmau, José A. Cruz, cuya JAC Consultores, Inc. tiene dos contratos con valor de $120,000 cada uno hasta el 30 de junio.

El comentarista radial, y exsecretario de Estado, Ferdinand Mercado Ramos, tiene un contrato de $40,000 hasta el 30 de junio por servicios de consultoría. Mercado fue presidente del Comité de Transición de Dalmau y su acuerdo comenzó el 4 de febrero. El presidente senatorial describió su función como la de un “secretario de presidencia, asesorándome en todos los asuntos legisltivos, administrativos que me toquen”.

De otro lado, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, dijo que se enteró por NotiCel de que uno de sus contratistas, Melvin Pagán Vélez, se había declarado culpable en 1992 de delitos federales de fraude que surgieron cuando, siendo empleado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, manipuló el sistema de datos de desempleo junto a otras seis personas para recibir ilegalmente beneficios por unos $100,000. El grupo se declaró culpable y Pagán Vélez recibió sentencia de probatoria de tres años así como que tuvo que restituir, junto a sus coacusados, $72,500.

“[E]n el récord de antecedentes penales que se examina como parte de la contratación en la Rama Legislativa no salió a relucir esta información. Conozco a Melvin desde hace varios años, pues se desempeñaba en el municipio de Carolina bajo la administración de mi padre. Posteriormente, se ha desempeñado como contratista tanto en agencias federales como el Censo y FEMA, así como en dependencias gubernamentales como el Municipio de Guaynabo, donde mantiene contrato de asesoría en temas de educación. Me toma por sorpresa esta noticia pues nunca he tenido ninguna queja ni me consta que se hayan señalado irregularidades en el desempeño de Pagán Vélez, quien como informé fue contratado recientemente para fungir como coordinador de servicios y enlace con los constituyentes de nuestro distrito”, indicó Aponte Dalmau, quien no precisó si mantendría el contrato del convicto.

Aponte Dalmau enfrentó crítica en semanas recientes cuando se supo que el exlegislador popular Fernando Tonos, convicto en 1995 por delitos relacionados a su función legislativa, sería uno de sus asesores. Como parte de la discusión pública, Tonos desistió de su intención de hacer el contrato con Aponte Dalmau.

Uno de los partidos que se estrenan en la Asamblea Legislativa, Proyecto Dignidad, tienen a dos personas de su equipo electoral y de campaña entre los nuevos contratos del Senado. La directora de campaña, Maribel Cruz Roldán, tiene un acuerdo de $12,500 hasta el 30 de junio por servicios de publicidad y el comisionado electoral, y vicepresidente del partido, Juan M. Frontera Suau, tiene acuerdo de consultoría por $32,500 hasta el 30 de junio también.

En la Cámara de Representantes propiamente, solo están registrados hasta ahora tres contratos, de los cuales resalta un arreglo de consultoría administrativa por $25,200 con Luis A. Ramos Rivera, un exsargento de Armas bajo la presidencia senatorial de Eduardo Bhatia.

En la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), que este cuatrienio está al mando del Senado, hay pocos contratos registrados, pero hay dos acuerdos de continuidad para suplidores que estuvieron el cuatrienio pasado con el PNP, la firma de contadores públicos autorizados Ramírez Flores & Co., PSC y la de consultoría OC Strategic Advisors, LLC. Esta última, de Oriol Campos, fue uno de los contratistas que más rendimiento le sacó a la presidencia de Méndez Núñez, con $1.3 millones en acuerdos con la Cámara, el Departamento de Hacienda y el municipio de Vega Alta.

En la lista de contratos registrados hasta ahora para la Superintendencia, que está bajo control de la Cámara este cuatrienio, resaltan acuerdos para dos abogados con experiencia en administraciones legislativas anteriores, tanto del PNP como el PPD, Frances Devaris Martínez y Christian Varela Valentín, quien no tiene parentesco con el vicepresidente cameral, José Varela Fernández.