El Proyecto de la Cámara 791 busca hacer enmiendas a esa ley, pero según varias deponentes en la vista pública, el aumento en sanciones no previene la violencia de género.

La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes busca con el Proyecto de la Cámara 791 hacerle enmiendas a la Ley 54, la que fue creada en el 1989 para prevenir e intervenir con la violencia doméstica y la que desde su creación no ha sido revisada.

Sin embargo, varias expertas citadas en las vistas públicas sobre este proyecto de ley, difieren de su contenido, al entender que es uno más punitivo.

“Considero que el proyecto no recoge los planteamientos básicos de las corrientes criminológicas contemporáneas respecto a la urgencia de evitar la inflación penal y de asumir posturas cónsonas con el minimalismo. Diversas investigaciones indican que la criminalización y la penalización exacerban los índices de violencia y por ende, las propuestas deben dirigirse más bien a la contracción de los sistemas penales vigentes”, explicó la doctora, socióloga y criminóloga Lina Torres Rivera.

La doctora describió como contradictorio el hecho de que quieran aumentar las penas, cuando en la propia exposición de motivos del proyecto establecen que, “no existe evidencia conocida de que el aumento en las penas, para cualquier delito, funcione como disuasivo de su comisión en primera instancia”.

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Por su parte la licenciada Yahaira Colón, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), coincidió con la doctora, reiterando que SAL ha sido consistente en no recomendar medidas que no atienden de manera adecuada la violencia doméstica.

“Esta medida se aleja totalmente de los principios básicos de prevención, educación y rehabilitación para justificar las enmiendas propuestas con una visión altamente punitiva, donde la justicia retributiva pesa más que la restaurativa”, expuso la licenciada.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, entonces preguntó cómo atender este problema, a lo que Torres Rivera respondió: educación.

“Ya llevamos décadas en el mientras, tenemos que trascender y empezar a retomar el asunto de la educación basada en derechos humanos y la equidad”, expresó la criminóloga.

Mientras, la abogada de SAL recomendó llevar a cabo una revisión exhaustiva de la Ley 54 y su efectividad, o inefectividad.

“Hay que evaluar la Ley 54. Es del 1989 y se debe hacer un análisis de cuál ha sido el impacto de la ley 54 en Puerto Rico, donde haya representatividad en todos los sectores y entidades”, expresó Colón.

Ambas deponentes se opusieron al proyecto de la Cámara, a pesar de que reconocen que se les debe hacer enmiendas a la Ley 54, pero desde otra mirada.

“El reto está en dejar de hacer lo de siempre, lo mismo, y comenzar a pensar fuera de la proverbial caja. Es tiempo de abandonar las estrategias fallidas de mano dura o castigo seguro y abrazar nuevas propuestas”, expresó la doctora y socióloga Torres Rivera.