Los proyectos ahora pasan a la consideración de la Cámara de Representantes.

En medio del estado de emergencia por violencia de género, el Senado aprobó ayer tres medidas que buscan brindar mayores protecciones a las víctimas y sobrevivientes de este flagelo, que hasta el momento ha cobrado 23 vidas en lo que va de año.

El Observatorio de Género ha documentado 20 feminicidios directos y 3 indirectos.

Los proyectos, que ahora pasan a la Cámara de Representantes, requieren que -a la hora de imponer una fianza- un juez o jueza imponga de forma obligatoria el uso del grillete a todo agresor imputado de utilizar un arma durante la agresión o de causar grave daño corporal a la víctima; que los jueces y juezas notifiquen por escrito sus determinaciones cuando rechacen o expiden una orden de protección y crean una red de apoyo a nivel municipal para ayudar en el cumplimiento de las órdenes de protección.

La aprobación de las tres medidas generó un debate intenso entre los senadores y senadoras sobre la necesidad adoptar una política pública de prevención y menos punitiva, que incorpore la educación con perspectiva de género con eje central de esa respuesta gubernamental para frenar los feminicidios y las diversas formas de violencia contra la mujer. Los senadores y senadoras también reclamaron mejoras al programa de supervisión electrónica, cuyas deficiencias -insistieron- exigen acción inmediata.

Lea también: Senado retoma la aprobación de nombramientos, avala 11 de un tirón

El debate arrancó con la aprobación del Proyecto del Senado 410, que enmienda la Regla 218 de Procedimiento Criminal, para ordenar la imposición obligatoria del uso del grillete al momento de imponer la fianza en las instancias donde medió el uso del arma o se causa daño físico grave a una mujer. La medida, de la autoría de la senadora Gretchen Hau Irizarry y del senador Ramón Ruiz Nieves, se presentó por petición de la procuradora de la mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.

Pese a que respaldaron la medida, la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador José Vargas Vidot expresaron preocupaciones con el proyecto porque podría ofrecer un falso sentido de seguridad a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica debido a las deficiencias del sistema de supervisión electrónica. El senador Carmelo Ríos Santiago reconoció su fortalezas y debilidades, pero al final se abstuvo.

Al inicio de su exposición, Rivera Lassén apuntó que organizaciones como Taller Salud y la Red de Albergues de Violencia negaron su apoyo a la medida por entender que era “insuficiente” puesto que la erradicación de la violencia contra la mujer debía partir de un enfoque preventivo y con medidas concretas que atiendan el desequilibrio de poder de la sociedad.

“Tenemos que evaluar si el programa de supervisión electrónica cuenta con el personal necesario para monitorear a las personas con supervisión electrónica y tenemos que saber si el sistema de internet de los dispositivos encargados del rastreo es estable. Así que hay una serie de situaciones aquí especialmente cuando se trata de zonas montañosas”, apuntó.

“Sostenemos al igual que Taller Salud y la Red de Albergues que esta pieza no solo es insuficiente sino que crea posiblemente un falso sentido de seguridad. Colocar un grillete a cada imputado no es suficiente, igual que no sería suficiente subir las penas. No es suficiente eliminar la posibilidad de llegar a acuerdos. No es suficiente exigirle a las juezas y jueces que redacten memorandos. No es suficiente que la Política tenga protocolos para atender los casos. Nada de eso es suficiente sino vemos todas las leyes unas con otras y radicamos legislación donde todos estos componentes se puedan adecuar para seguir mejorando la implementación de la Ley 54 (de violencia doméstica”, agregó.

Rivera Lassén detalló las complejidades de la Ley 54, que incorpora aspectos civiles y criminales, y las deficiencias del programa de supervisión electrónica, mientras insistió en la urgencia de adoptar medidas preventivas.

Lea también: Senado considerará medida que define el feminicidio para combatir la violencia de género

En esa línea, informó que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana presentó una resolución de investigación para realizar una radiografía del programa de supervisión electrónica. También emplazó al Gobierno a apurar su propuesta para implementar un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas e insistió en la necesidad de educar con amor, solidaridad y equidad.

Vargas Vidot se unió a los reclamos de Rivera Lassén.

“No podemos construir un penthouse encima de un cimiento débil”, afirmó.

De los grilletes, la discusión de la violencia contra las mujeres pasó a las órdenes de acecho. De la autoría de Marially González Huertas, el Proyecto del Senado 419 busca enmendar la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, y las Reglas 6 y 23 de Procedimiento Criminal para establecer que los jueces y juezas tiene que explicar por escrito toda determinación de causa y no causa. La medida no estipulaba un término, pero se acogió una enmienda de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón para establecer un término de 5 días para divulgar la resolución con las determinaciones de hechos y breves conclusiones de derecho por escrito.

Actualmente, los jueces y juezas no están obligados a justificar su decisiones. La importancia de conocer las razones que provocan que un juez o jueza deniegue una orden de protección quedaron al descubierto luego del asesinato de Andrea Ruiz Costas. Su cuerpo apareció quemado en un paraje de Cayey el 29 de abril después que intentó -sin éxito- obtener dos órdenes protectoras contra su asesino confeso Miguel Ocasio Santiago.

“No podemos permitir que tecnicismos jurídicos o legales, continúen siendo coyunturas determinantes en la vida de estas víctimas de violencia. Les pido un voto a favor de esta medida para continuar siendo la voz y los defensores de las víctimas de violencia de género y las víctimas de acecho” expresó la senadora González Huertas.

En un turno breve, Rivera Lassén consignó preocupaciones y convocó a mirar las enmiendas a diversos proyectos de forma integral y no fragmentada antes de votar a favor de la medida.

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 203, de la autoría de Migdalia González Arroyo, propone crear un Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género a través de toda la Isla usando como ejemplo un programa que se estableció con buenos resultado en el municipio de Carolina. El Proyecto de Referimiento y Ayuda a Mujeres Abusadas (RAMA) provee servicios de prevención y crea una red de apoyo, que incorpora a las policías municipales para realizar rondas preventivas o responder a infracciones de las órdenes de protección. Desde que estableció este programa ninguna mujer con una orden de protección ha sido asesinada por su pareja o expareja.

La medida propone que se establezca primero un programa piloto en conjunto con el Comité PARE, un grupo de trabajo del Ejecutivo que se creó a raíz de la declaración de estado de emergencia.

Una enmienda de la senadora Joanne Rodríguez Veve para adoptar una definición de violencia de género no prosperó.

La Cámara de Representantes también avaló otras tres medidas, que buscan atajar el problema de violencia contra las mujeres.

La mayoría de los representantes y las representantes respaldaron el Proyecto del Senado 13,0 que reconoce los feminicidios y transfeminicidios y los integra al Código Penal vigente. Durante su sesión ordinaria, ratificaron el Proyecto del Senado 358 para establecer que una representante del Ministerio Público tiene estar presente durante la vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 54 de Violencia Doméstica. La ausencia de una fiscal en sala durante este tipo de audiencia generó un intenso debate al conocerse los detalles del caso de Andrea Ruiz Costas, un feminicidio que zarandeó la conciencia colectiva. Ambas medidas pasan ahora para la firma del Gobernador.

Similar a una medida aprobada en el Senado, el cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 793, que exige a los jueces y juezas que incluya el requisito de uso de un grillete electrónico a los imputado de violar a la Ley 54 al momento de imponer la fianza.