El Presidente de la Cámara no aplicó Código de Ética de contratistas ni hizo referidos en las dos investigaciones que se realizaron sobre el consultor de la mayoría, Obed Rojas Hoffmann.

Un informe investigativo le imputó conflicto de interés al consultor legislativo Obed Rojas Hoffmann por asesorar, a la vez y en el mismo asunto, a la Cámara de Representantes y al exalcalde de Cataño, Félix «El Cano» Delgado Montalvo, pero el presidente de ese cuerpo, Rafael Hernánde Montañez tomó en cuenta el «compromiso y esfuerzo» del consultor para limitarse a imponerle una multa como sanción.

Rojas Hoffmann es actualmente asesor de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, pero en su carrera pública también fue asesor de la comisionada residente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.

La forma en que Hernández Montañez resolvió los casos no conlleva sanciones que se pudieron haber tomado, tales como cancelación de contratos, prohibición de contratación por hasta 10 años en ese cuerpo legislativo o referido a entidades de ley y orden por posible comisión de delito. Tampoco conllevó que Rojas Hoffmann cancelara contratos con otras dependencias públicas o entidades privadas como condición a mantener su contrato en la Cámara, por lo que sigue latente la posibilidad de que incurra en la misma conducta de conflicto de intereses que se le señaló al tener contrato simultáneo con el cuerpo legislativo y con Cataño.

Hernández Montañez divulgó, a solicitud de NotiCel, el resultado de las investigaciones que ordenó realizar contra Rojas Hoffmann después de que el 1 de marzo pasado el consultor protagonizara un incidente con la representante novoprogresista, Wanda del Valle Correa, en el que este le gritó amenazas dentro del hemiciclo relacionadas a las consecuencias que tendría Del Valle Correa en una querella ética si votaba de cierta manera ese día en otra medida.

El incidente conllevó que Del Valle Correa se desmayara en el hemiciclo, aunque después la legisladora desvinculó al consultor de intención dañina alguna y lo perdonó públicamente. La sanción ética contra Del Valle Correa, de hecho, no prosperó en una votación posterior al incidente y la legisladora aceptó en una emisora cristiana que «esto todo son negociaciones».

Sobre ese incidente, el informe de investigación formal realizado por consultores de la Superintendencia del Capitolio concluye que la falla del consultor se limitó a hacer expresiones en un lugar donde no podía, el hemiciclo, y que el Presidente tenía potestad de amonestarlo y advertirle que una repetición de la conducta podría conllevar la cancelación de sus contratos.

Pero el asesor también enfrentó un referido que realizó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, porque teniendo Rojas Hoffmann un contrato activo en la Cámara, contestó en nombre de Delgado Montalvo un requerimiento de información que le había hecho al municipio la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos dela Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo.

Ese referido fue sometido para la investigación de la exfiscal María T. Caballero García, quien concluyó que Rojas Hoffmann «incurrió en un claro conflicto de interés, violentó las estrictas normas éticas que rigen a los contratistas que ejercen funciones en la Cámara de Representantes y menoscabó el deber de lealtad pactado con este Cuerpo Legislativo». Para la investigación, la exfiscal entrevistó al presidente de la comisión, el ahora legislador independiente Luis Raúl Torres, y al propio Rojas Hoffmann, quien aceptó los hechos.

En su notificación de sanciones, Hernández Montañez indica al asesor que no está «atado a la recomendación o al raciocinio de estos informes» y que, además de los dos informes, tomó en consideración «lo que ha sido su desempeño hasta el momento, su compromiso y esfuerzo demostrado en su trabajo legislativo y su comportamiento para con los miembros de todas las delegaciones parlamentarias» para concluir que la intervención en la comisión, a nombre de Delgado Montalvo, «no fue juiciosa» y que su acción «fue imprudente, aunque no haya tenido una mala intención».

Por consiguiente, Hernández Montañez decidió imponer sanción económica de $4,500 y ordenó a que el consultor provea a la Cámara un listado de todos los contratos activos que tenga con alguna otra entidad pública o privada, suspender cualquier «asesoría legislativa» que esté otorgando bajo esos otros contratos con entidades públicas o privadas, mantenerlo vedado de tener acceso al hemiciclo y a salones de sesiones hasta el fin de la tercera sesión ordinaria (es decir, hasta el 30 de junio), y que emita una disculpa pública.