La senadora María de Lourdes Santiago Negrón es autora de la medida.

Los médicos no tienen educación compulsoria sobre pacientes con diversidad funcional, y ante la escasez de recursos pueden estar horas en una sala de espera, dejando a un lado las conductas inherentes a ciertos diagnósticos o trastornos.

Ante este panorama, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, presentó el Proyecto del Senado 982 con el fin de garantizar que los pacientes con diversidad funcional tengan servicios médicos accesibles.

“Lamentablemente, la infraestructura del Departamento de Salud, así como de muchos otros aspectos del sistema de salud de Puerto Rico, no contemplan consideraciones específicas suficientes hacia las personas con necesidades especiales. En Puerto Rico, las condiciones que se exigen para permanecer en las salas de espera, o para recibir tratamiento en los entornos clínicos, suelen ser incompatibles con las características, y conductas inherentes a ciertos diagnósticos o trastornos. Esa realidad genera una brecha, en ocasiones insubsanable, entre las familias de personas con diversidad funcional y los servicios de salud a los que todo ser humano tiene derecho”, expresó la senadora independentista en conferencia de prensa.

Este obstáculo no es solo para los pacientes, sino para sus cuidadores principales, que suelen dejar la fuerza laboral para poder estar al 100% de su cuidado.

“La experiencia es cada día más compleja porque, aun cuando las jefas de familia suelen abandonar la fuerza laboral remunerada para atender permanentemente a sus hijas e hijos, ellas envejecen y no existe una red de apoyo para suplantar sus esfuerzos”, expuso la portavoz del PIP.

La pieza legislativa también busca atender la falta de intérpretes de lenguaje de señas y de información provista en braille; la falta de acceso a medicamentos recetados, como consecuencia de las restricciones impuestas por las aseguradoras de salud; la poca capacitación específica sobre la diversidad funcional crónica que reciben los profesionales de la salud en su educación médica formal; la deseabilidad de que se desarrollen equipos interdisciplinarios diseñados para coordinar los tratamientos de manera integral; la necesidad de que se ofrezcan servicios médicos en el hogar (house calls) bajo las cubiertas de seguros de salud; la pertinencia del uso de los recursos tecnológicos para proveer servicios de telemedicina, entre otros.

Algo importante para la senadora también es eliminar el estigma que hay alrededor del lenguaje de legislación vigente, ya que palabras «retardación mental» y «enfermos mentales» es lo que todavía prevalece en la legislación vigente.

En el Departamento de Educación hay cerca de 100 mil estudiantes registrados bajo el programa de diversidad funcional, pero en la adultez puede llegar un cuarto de millón de personas, dijo Santiago Negrón.

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