Informe también subraya que el Negociado de Energía ha sido “indulgente” en su responsabilidad de fiscalizar el contrato con la privatizadora.

El segundo informe parcial sobre la resolución de la Cámara 446, que investiga el desempeño, ejecución y cumplimiento de LUMA Energy, fue sometido ayer ante el pleno y concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”.

El informe, elaborado por la Comisión de Energía de la Cámara sobre la base de cientos de documentos entregados por la empresa y que se evaluaron en más de 40 audiencias públicas, señala que el contrato “incumple con las leyes que establece el marco legal para Transformar el Sistema Eléctrico y la Política Pública Energética”.

Además, indica que luego de “un proceso abarcador y continuo de investigación”, la Comisión de Energía entiende que LUMA ha sido incapaz de administrar el sistema de transmisión y distribución.

Para la comisión, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) “ha demostrado ser incapaz de supervisar y fiscalizar el desempeño y el cumplimiento de LUMA Energy”, una crítica que también extiende al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), a la que califica de “indulgente” en su labor al fiscalizar el contrato con el consorcio.

El informe parcial también cuestiona al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, por “la negativa de tan siquiera considerar enmendar el contrato con el propósito de cumplir con su deber constitucional de defender los mejores intereses del pueblo”.

La Comisión de Energía, en el documento, también ofrece recomendaciones para subsanar “la incapacidad de LUMA Energy”, entre ellas legislación para prohibir que el consorcio pueda subcontratar alguna de sus afiliadas o empresas establecidas en Puerto Rico que le pertenezcan a alguna de sus afiliadas y, también, el que se prohíba contratar empresas de empleados o exempleados de LUMA Energy o de alguna de sus afiliadas.

Incluso, recomienda legislación para crear una nueva corporación pública, con un nuevo modelo de gobernanza y en el que haya participación de los sectores de la sociedad interesados en un buen desempeño del sistema eléctrico de Puerto Rico y, a su vez, no haya control absoluto por parte del Ejecutivo.

Los planteamientos se dan en momentos que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha considerado establecer una propuesta para adjudicar un cargo fijo de $23 a $26 mensuales por 50 años a los abonados en la factura de energía eléctrica para pagarle a los bonistas de la AEE.