Una pieza legislativa con este propósito, también busca proveer distintos servicios con o sin subsidios económicos para promover el desarrollo de las empresas agropecuarias y de la agricultura en general.

En vista de consideración final, la Cámara de Representantes aprobó una medida para impulsar el desarrollo tecnológico en las zonas rurales de Puerto Rico bajo la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, en coordinación con la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Colegio de Ciencias Agrícolas y la Estación Experimental Agrícola.

El Proyecto de la Cámara 719 (P. de la C. 719), de la autoría de la representante Wanda del Valle Correa, se aprobó con nueve votos a favor, ninguno en contra ni abstenidos. La medida fue atendida ante la Comisión de Agricultura, presidida por el representante Jorge A. Rivera Segarra.

La medida tiene como propósito añadir un nuevo artículo en el Plan de Reorganización 4-2010, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”. Asimismo, tiene la responsabilidad de administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de incentivos, subsidios y reembolso de pagos del salario suplementario a los agricultores. Además, llevaría a cabo otras actividades y acciones relacionadas o de naturaleza similar que propendan al fomento de la agricultura.

De igual manera, la medida busca proveer distintos servicios con o sin subsidios económicos para promover el desarrollo de las empresas agropecuarias y de la agricultura en general.

“El desarrollo socioeconómico en el área rural puede contribuir a consolidar y lograr una mayor equidad en la distribución de los servicios del gobierno. Para ello, es vital modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo regional para aumentar la competitividad rural. Asimismo, es importante reconocer numerosas alternativas para reducir la pobreza en la zona rural, tales como la promoción de actividades rurales agrícolas y no agrícolas y la creación de redes sociales para aquellos segmentos de la población que no cuentan con los recursos necesarios”, especificó el P. de la C. 719.

Por otro lado, la Comisión aprobó el P. de la C. 260 para enmendar la Ley 117-2001, conocida como “Ley de Garantía de Préstamos y Préstamos Agrícolas”. La medida se aprobó con nueve votos a favor, ninguno en contra ni abstenido.

El P. de la C. 260 busca disponer que el Departamento de Agricultura y el Banco de Desarrollo Económico establezcan un proceso expedito para agricultores que presenten una solicitud de una Garantía de Préstamo y Préstamo Agrícola, conforme a lo establecido en esta ley, sean prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales requeridas.

De igual manera, la pieza legislativa busca flexibilizar o liberar los requisitos de financiamiento a los agricultores solicitantes, sin necesidad de que el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico imponga cuotas para préstamos y el establecimiento de requisitos menores en los colaterales de los mismos.

La Comisión también aprobó con nueve votos el P. de la C. 434 que pretende enmendar la Ley 26- 1941 conocida como la “Ley de Tierras de Puerto Rico”. La enmienda surgió para permitir que el adquirente mayor de 60 años, que decida quedarse con una finca de tipo familiar, pueda segregarse en fincas de no menos de cinco cuerdas.

Esta enmienda se da para que el adulto mayor pueda donar o ceder las fincas a sus hijos o descendientes inmediatos. Asimismo, a través de la escritura, se garantice que las fincas se utilizarán para actividades agrícolas, exclusivamente, y podrá construir en ella no más de una residencia familiar.

Como cuarta medida aprobada en “Markup Session” (vista de consideración final), el P. de la C. 1028 se aprobó con nueve votos, ninguno en contra ni abstenidos. La medida busca agregar la definición de “Especialista en Calidad Ambiental” en la Ley 140-2015, conocida como “Ley para el Manejo de Prácticas Agrícolas”.

La pieza legislativa tiene como objetivo delegar, en un agrónomo debidamente colegiado y licenciado y un especialista en calidad ambiental, la responsabilidad de las evaluaciones de las solicitudes de permisos para prácticas agrícolas y posteriores certificaciones correspondientes.

Se espera que la medida pase a discusión durante sesión ordinaria en el Hemiciclo de la Cámara.