Se discute un proyecto para el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico.

Portavoces de varias comunidades opuestas a la instalación de antenas de comunicación chocaron con la postura de varias agencias gubernamentales que advirtieron contra la limitación de dichos proyectos para el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto Rico.

La controversia tuvo como escenario la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes que celebra vistas públicas para investigar el desarrollo de construcción de las torres de telecomunicaciones en las diferentes comunidades en Puerto Rico.

A la audiencia comparecieron representantes de las comunidades y de las agencias gubernamentales. Entre ellas la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas (FCCPA) representada por Wilson Rivera Ramos y acompañado del líder comunitario, Carlos Reyes Álvarez, Juan Vélez Rivera del Comité Jagueño Pro-Salud y Seguridad de Gurabo y la líder comunitaria de la comunidad San José en Toa Alta, Janice Torres Sánchez.

Gabriel Rodríguez Hernández, secretario auxiliar de OGPe sostuvo que ‘’aunque nos parece justo armonizar la protección de las comunidades y el interés de las empresas en el campo de las comunicaciones, creemos que el proyecto tal cual fue redactado, no acarrea grandes cambios’’, refiriéndose a una medida que busca establecer parámetros en la construcción de las torres de telecomunicación.

Este destacó que le parecieron ‘’lamentables’’ las expresiones de la Asamblea Legislativa sobre que se aprueban ‘’a ciegas’’, las solicitudes de permiso de construcción de estos proyectos. ‘’Este proceso y mecanismo de aprobación, incluye evaluar bajo el número de catastro que establece el proponente y que el Ingeniero certifica bajo la Ley que aprobó la Asamblea’’.

El funcionario concurrió que la distancia dispuesta para las torres debe considerarse hasta la colindancia más cercana en sustitución de la estructura, garantizando el libre disfrute de la propiedad sin limitación alguna, y recomendó que se establezcan las distancias medidas en pie cuando se trata de escuelas, centros de cuido y hospitales.

‘’Esta pieza parte de la premisa de que la existencia de las torres y antenas ahogan a las comunidades portando artefactos que emiten ondas que podrían afectar la salud. Con la medida propuesta se procura la limitación de la construcción de torres, ello en abierta contradicción al mandato federal respecto a que la reglamentación que pueden aprobar los estados no puede estar basada en consideraciones de efectos ambientales si las mismas se encuentran en cumplimiento con la reglamentación federal’’, dijo Rodríguez Hernández, quien no endosó la medida tal como está redactada.

Una ponencia firmada por Julio Lassus Ruiz, presidente de la JP, indicó que no permitir la instalación en todos los lugares excluidos como propone el proyecto, tendría el efecto de crear una barrera que limita y prohíbe el desarrollo de servicios de telecomunicaciones en la Isla.

‘’Nuestro estado de derecho vigente no es huérfano de normas razonables que permiten hacer un balance entre la necesidad de infraestructura de telecomunicaciones, así como de la salud’, señaló.

‘’De igual forma, entendemos que es loable la preocupación por la seguridad en caso de colapso y de salud. Sin embargo, las torres de telecomunicaciones, por razón de ingeniería y como están construidas, se diseñan para colapsar sobre ellas mismas, hacia abajo y no a lo largo’’, añadió Lassus Ruiz.

Indicó que la ejecución de la medida podría estar en contravención a lo que representa un campo ocupado por legislación federal y por ende, no endosó el proyecto.

“Aún cuando los municipios puedan tener una preocupación sobre la ubicación de torres de telecomunicaciones en sus límites territoriales, no todos cuentan con los recursos para evaluar las infraestructura, expresó.

Por su parte Rivera Ramos de FCCPA y representante de más de 35 comunidades, promovió la aprobación del Proyecto de la Cámara 663 como vehículo para la ubicación y construcción de antenas de telecomunicaciones por considerar que la Ley 89 del 2000 es una ‘’ley vaga e inoperante que está balanceada en perjuicio del 86.7% de nuestras comunidades pobres’’.

Señaló que, según las estadísticas más recientes, reflejadas en el mapa gráfico de la Junta de Planificación publicado en el año 2006, en Puerto Rico hay más de 2,000 torres de telecomunicaciones con más de 20,000 antenas y sus respectivos campos electromagnéticos (CEM).

‘’Llevamos más de 16 años de lucha tocando puertas en la oficina de OGPe, DRNA y hemos llevado los casos a los Tribunales y no pasa nada. Siempre encontramos las puertas cerradas’’, dijo Rivera Ramos.

Sostuvo que varios de los municipios afectados son barrio Indos en San Germán, Guayanilla, Mayagüez, Vega Baja, Trujillo Alto, Toa Alta y Aguada. El representante de FCCPA reclamó una mayor distancia entre las antenas, residencias, escuelas y hospitales, y mayor injerencia de los municipios y OGPe en la otorgación de los permisos.