El proyecto fue apoyado por el Colegio pero recibió criticas de varias agencias.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico apoyó una medida que propone designar a esa entidad como ente auditor del cumplimiento de la legislación y de los programas gubernamentales en el área de la salud, pero el proyecto enfrentó reservas de varias agencias.

El Proyecto de la Cámara 2076, de la autoría del representante Ángel Matos García, designaría al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) como ente auditor del cumplimiento de la legislación y de los programas gubernativos en el área de la salud.

La pieza legislativa se atiende luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la colegiación compulsoria. Entre otras cosas, la decisión significa una amenaza económica para el colegio en la medida en que el pago de cuotas ya no es obligatorio.

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El presidente del Colegio, el doctor Carlos Díaz Vélez, sostuvo ante la Comisión de Salud de la Cámara que solo un organismo que ya agrupa voluntariamente a más de 8,000 médicos posee el “contacto diario continuo” y la experiencia acumulada por décadas de la operación de los programas de salud.

“Existe una enorme brecha entre la intención de las leyes que se aprueban y lo que se reglamenta e implementa para hacerlas realmente vigentes. En el vastísimo campo de la salud -que siempre es pública- la fiscalización que se realiza no alcanza”, expresó.

Señaló además que, “a pesar de que existen numerosos entes y sub entes fiscalizadores en el gobierno de Puerto Rico, mandatos legislados, reglamentación y programas gubernativos se tornan inoperantes, si es que han sido siquiera implantados parcialmente o decaen con el simple transcurso del tiempo”.

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“El paciente está allá afuera esperando por esa responsabilidad nuestra. Son ellos los que necesitan que las leyes se conviertan en realidad. No en letra muerta”, afirmó.

Una de las agencias que levantó reservas con la propuesta fue la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ante el hecho de que la pieza legislativa dispone que el Colegio recibirá una asignación recurrente de $1.5 millones anuales provenientes del presupuesto del Departamento de Salud.

“Recomendamos ser sumamente cuidadosos al momento de evaluar medidas que aunque loables, pudieran impactar el Fondo General provocando una merma en sus recaudos y a su vez, no ser consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el director asociado de la OGP, Roberto Rivera Báez.

Una objeción similar presentó la OGP a otro proyecto que es evaluado por la misma Comisión de Salud de la Cámara. Este último, el P de la C 2085, crea un nuevo Fideicomiso para la Ampliación y Mejoramiento de la Practica de la Medicina en Puerto Rico. La medida provee para que el Colegio de Médicos Cirujanos presente antes del 31 de enero de cada año, una petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa sabre los fondos que serán necesarios para la operación de dicho Fideicomiso.

“Nosotros somos del pensar que ese dinero se mantenga dentro del Departamento de Salud y se fortalezca la Junta de Licenciamiento, y puede ser en colaboración con el Colegio de Médicos”, dijo Rivera Báez. “Pero presupuestariamente hablando nosotros recomendamos que esa cantidad se mantenga dentro (de la agencia) porque ya se estaría sacando del presupuesto operacional del Departamento”.

También expresó reservas la Oficina de Ética Gubernamental, que tras reconocer que puede ser loable el objetivo perseguido, advirtió en su ponencia que “resulta fundamental determinar que las funciones de auditoría que se le interesan asignar al Colegio no sean las mismas o similares a las que actualmente realiza la Oficina del Contralor o la Oficina del Inspector General. Por lo tanto, es esencial que se obtengan los comentarios de ambas agencias y se delimiten, claramente, las funciones de auditoría en la pieza legislativa”.

Advertencias más severas las formuló la Oficina del Contralor de Puerto Rico que criticó la generalidad en las disposiciones del proyecto.

“Somos de la creencia que el Articulo 3 parte de la premisa equivocada que el CMCPR tiene el conocimiento y el peritaje para llevar a cabo estas auditorías de cumplimiento en el área de la salud, a taI punto que permite que establezca su propia reglamentación, sin asegurarse de que efectivamente tienen dicha capacidad para llevar a cabo tales tareas”, lee su ponencia.

Agregan que “no se puede reglamentar aquello que no se tiene conocimiento, sobre todo si es en temas de auditorías de cumplimiento; este conocimiento requiere métodos de auditoría, guías, criterios, aprendizaje y experiencia. El hecho de tener una licencia profesional no significa que se tienen los conocimientos de auditar el cumplimiento de otros profesionales de la misma rama; y aprender sobre la marcha, en un campo tan especializado como es la salud, presenta riesgos impredecibles”.

Igual objeciones presentaron al otro proyecto. “El P. de la C. 2085 tiene los mismos problemas de índole constitucional que el P. de la C. 2076. Es decir, bajo el argumento de servir de apoyo y sinergia con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, el proyecto le otorga al CMCPR unas facultades que serian cuestionadas en los foros judiciales”.

Durante su ponencia Díaz Vélez avaló también ese Proyecto de la Cámara 2085, que busca ampliar las facultades del Colegio para liberar la carga de trabajo de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Según el médico, esta medida aliviará la crisis de salud ocasionada por factores como los cambios demográficos en la isla, el “discrimen sistemático” del gobierno federal en asignaciones presupuestarias y la “inoperancia parcial” de la Junta.

Se trata de un proyecto presentado por petición del Colegio de Médicos.

Cuestionó las facultades operacionales de la Junta y señaló que se ha convertido en un “ente burocratizado, que apenas puede administrar la reválida, y que muy poco cumple sus deberes en torno a la disciplina médica”.