El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, tiró los guantes y dejó en manos del próximo presidente del gremio la encomienda de evaluar y discutir la medida que buscaba congelar el impuesto al inventario.
Esta medida tenía la intención de lograr que una vez cada comerciante pagara la cantidad que le corresponde de la compra de inventario, todo el inventario adicional importado no tendría que pagar el impuesto.
Ejemplo: el contribuyente que hoy pagó 25 vagones y $25,000 en el 2022 y va a importar vagones en el 2025, va a pagar los mismos $25 mil que pagó en el 2022 aunque se triplique la cantidad de vagones que tenga en su almacén.
“Eso le corresponderá al nuevo liderato de la asociación de enero en adelante”, se limitó a contestar Hernández a NotiCel, quien aspira a tomar una silla en el Senado para el 2025.
El Proyecto de la Cámara 1798 había recibido un informe positivo de la Comisión de Hacienda del Senado y, aunque llegó al calendario de órdenes especiales del Alto Cuerpo, nunca se votó.
Sin embargo, el alcalde de Comerío, José Santiago, dijo a este diario digital que, por su parte, cabildeará para que se retome el tema al inicio de sesión en el próximo mes de enero 2025.
«No se descarta el diálogo, siempre estamos abiertos y en este momento, este servidor que ha sido alcalde por 24 años y que aspiro a la legislatura, voy con miras a eso, a que si se discuta, sepamos que tiene una repercusión nefasta la eliminación de ese fondo si no se busca un recurso nuevo», respondió.
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«Yo creo que desde el día número uno, los alcaldes hemos sido claros en que no es que nos opongamos a que se revise eso (el impuesto al inventario) y si hay que buscar mecanismos para reemplazarlo, pues que se busquen. Pero tiene que ser así, tiene que haber un reemplazo. O sea, ya los municipios han perdido más de 300 millones por el fondo de equiparación, las imposiciones que nos han hecho con la debacle que pasó en el sistema de retiro, con las reformas de salud. O sea, es que no tenemos de dónde…»añadió.
«Así que, plantear la eliminación del impuesto al inventario, tiene que ir paralelo a la búsqueda de un ingreso que pueda sustituir esa baja», aseveró.
El proyecto de ley, que es de la autoría del líder cameral, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, sufrió varias enmiendas en el periodo de sesiones ordinarias. Específicamente desde el pasado mes de noviembre que la medida bajó vía descargue en la Cámara con múltiples enmiendas.
Las enmiendas que se evaluaron en la Asamblea legislativa era para que la base para congelar de tributación permaneciera al año contributivo 2022.
También, le habían añadido a la medida el periodo de congelación. La medida decía que serían cinco años, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había solicitado que fueran tres años y se enmendó para seis años.
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De igual manera, se había ajustado el Comité Evaluador para añadir más participación y discusión del tema por parte de los alcaldes.
El Comité sería compuesto de siete miembros. Estos eran: los presidentes respectivamente de la Federación y Asociación de Alcaldes, el presidente de la Junta del CRIM con el director ejecutivo del CRIM, un representante de la Cámara y Senado y un representante del Ejecutivo.
La Junta de Control Fiscal (JCF) ya había mostrado su posición recomendando un tope temporal al impuesto al inventario en Puerto Rico, a nivel de los pagos corrientes.
Habían sugerido que se establezca un tope temporal, garantizando ingresos iguales a los recaudos anuales de los últimos tres años. Así, las finanzas municipales no verían afectados sus ingresos, y las empresas podrían aumentar sus inventarios sin cargas adicionales. Este tope no influiría en otros impuestos.
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